Asturias, Extremadura, Aragón y Cantabria reclaman también que no sea el censo el que determine el reparto
02 ago 2008 . Actualizado a las 02:07 h.La Junta de Castilla y León está decidida a hacer valer su Estatuto tanto como el catalán a la hora de influir en el nuevo modelo de financiación autonómica que trata de establecer el Gobierno central. La consejera de Hacienda del Ejecutivo castellanoleonés, Pilar del Olmo, anunció ayer a La Voz que la Junta recurrirá al Tribunal Constitucional el futuro sistema de reparto territorial de fondos si este prima de forma excesiva y determinante criterios como el del peso del volumen de población, como demanda Cataluña.
La postura del Gobierno popular de Castilla y León viene a coincidir así con la visión de la Xunta sobre los criterios de financiación, ya que, aunque sin plantearse llevar a la Justicia el modelo de financiación, el Gabinete de Emilio Pérez Touriño sí ha exigido que se contemplen peculiaridades que determinan el coste de los servicios públicos en sanidad, educación y asistencia social como la dispersión territorial de la población o su envejecimiento, circunstancias a la que el Estatuto de Castilla y León añade en su texto también el del tamaño de su territorio.
Estatuto sin recurrir
«Es legítimo que el Estatuto catalán defienda que debe recibir más la comunidad que más habitantes tiene, pero también es legitimo nuestro planteamiento, que además fue recogido en la reforma de nuestro Estatuto aprobada en diciembre, que vincula a todos como ley orgánica que es y que si cabe es más legítimo que el texto de Cataluña, ya que el nuestro no está recurrido», señaló la consejera Pilar del Olmo.
Las reflexiones de la responsable de Hacienda se produjeron ayer tras un encuentro que consejeros y directores generales de los Gobiernos de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, Cantabria y Aragón celebraron en la localidad de La Granda, en el Principado, junto a expertos universitarios en el marco de un curso de verano. Todos los participantes negaron taxativamente que las seis autonomías estén formando un grupo de presión frente a Cataluña, pero tuvieron que admitir que los criterios expuestos por dichas comunidades son prácticamente coincidentes frente a un reparto de fondos que prime el peso de la población.
Mayor gasto por edad
«Hablamos entre autonomías y con el Gobierno central para, en nuestro caso, hacer ver que el envejecimiento de la población eleva el gasto en servicios como la sanidad, donde los mayores de 75 años multiplican por siete el que genera una persona de treinta. Eso es lo que queremos hacer ver, y también que nuestro territorio es más grande, pero también que no admitimos presiones de los socialistas o nacionalistas catalanes para influir en un modelo que de entrada debe garantizar la igualdad en la percepción de servicios públicos para todos los españoles», reiteró a este periódico Del Olmo.
La Junta de Castilla y León mantiene además que el modelo pretendido por el vicepresidente Pedro Solbes «se comenzó a hacer por el tejado, ya que no se ha estudiado el coste de los servicios en cada zona y cómo están determinados».
Casi la misma teoría fue expuesta en La Granda por el director general de Presupuestos de la Xunta, Pedro Antonio Fernández, quien aseguró que el modelo expuesto por Solbes tiene «bases ambiguas e insuficientes» respecto a las necesidades de gasto o la concesión de mayor capacidad tributaria a las comunidades.