La Justicia en Galicia ha entrado en un estado de colapso crónico, y parece que insalvable, a pesar del «moderado optimismo» con que la ve el presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio González Nieto. Cada año que pasa está más colapsada que el anterior, como lo refleja la Memoria judicial del 2007 presentada ayer en A Coruña. Esta situación se da a pesar de la creación de nuevas unidades judiciales y nuevas instalaciones que, a la postre, se revelan como «claramente insuficientes», como reconoció el propio González Nieto.
El año 2007 concluyó en los juzgados gallegos con 144.714 asuntos pendientes, lo que supone un aumento de 8.746 respecto del año anterior. Y esto no ocurre porque los 303 jueces que integran la plantilla de la comunidad autónoma no se hayan empleado a fondo, ya que han dictado 419.127 resoluciones, un alto índice, superior incluso al del ejercicio anterior.
Excesiva movilidad
Según González Nieto, hay factores que contribuyen a esta situación de colapso y citó en concreto la «excesiva movilidad» de los jueces gallegos, que hace de esta comunidad la de mayor rotación de España. También aludió al deficiente sistema de nombramiento de personal interino, en especial en el caso de bajas por incapacidad temporal.
Otros parámetros a tener en cuenta son la complejidad de los asuntos, la existencia de un derecho civil propio o la particular naturaleza de los ilícitos delictivos (narcotráfico, blanqueo de capitales...). También mencionó la insuficiencia de la plantilla de jueces en materia penal.
En concreto, el colapso en los juzgados es más significativo en el orden contencioso-administrativo, donde el porcentaje de los asuntos ingresados en el año suponen un 21,5% más que el de los resueltos, y el más llevadero es el de lo penal con un porcentaje del 0,06%.
Para valorar el funcionamiento de la Justicia como servicio público es decisivo el porcentaje de juicios celebrados en relación con los señalados, ya que un elevado número de suspensiones origina pérdidas de recursos, dilaciones y molestias para los ciudadanos. En este aspecto, los órganos judiciales gallegos obtienen «una nota muy positiva», puesto que en el orden civil tiene la segunda mejor ratio, y en el orden penal, la quinta de todo el Estado.
En cuanto a la duración de los procedimientos, cabe decir que en el orden civil la duración se ha venido reduciendo desde el año 2003, que era de 7,2 meses, hasta 6,5 meses en el 2007, nueve décimas por debajo de la media nacional. En el orden de lo penal, tardan una media de 5,5 meses. Hay que reseñar que en los juzgados de lo penal de Ourense, Santiago, Pontevedra y Vigo, la media es de dos a tres meses, y en el extremo opuesto está A Coruña, con 11,5 meses.