La proposición de ley que pretende introducir el voto en urna para los 326.000 gallegos residentes en el extranjero inició ayer su tramitación en el Parlamento gallego con el apoyo unánime de los grupos políticos, aunque todos ellos son conscientes de que por esta vía no se llegará a tiempo de aplicar la reforma para las elecciones autonómicas de marzo. Quizás por ello, tanto el BNG como el PPdeG volvieron a coincidir ayer a apremiar al PSOE y al Gobierno de Rodríguez Zapatero a trabajar con urgencia desde Madrid «para que os mortos deixen de votar».
El diputado José Manuel Castelao Bragaña (PP) llegó a dirigirse directamente al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, para recordarle su promesa de que en las próximas autonómicas los emigrantes votarían en urna. «De vostede depende», manifestó Castelao, antes de insistir: «Esperemos que cumpla».
Con tono más duro, el nacionalista Iago Tabarés hizo un llamamiento a erradicar las prácticas de aquellos partidos «que queren que os votos [de los emigrantes] vaian directamente ás súas sedes». El diputado ourensano recordó que el 30% de los inscritos en el censo de residentes en el extranjero son «altas indebidas», dijo, e invocó el apoyo de todos los grupos para «premer no Goberno do Estado» con el fin de que la reforma se haga este mismo año y se aplique antes de las autonómicas. «Aínda se pode chegar», abundó Castelao Bragaña. «¿Quen será o responsable de que uns poidan votar por outros e de que poidan votar os mortos?», inquirió retóricamente Tabarés en su turno.
Solo un «punto de partida»
Por su parte, el socialista Fernández Leiceaga se mostró conforme con «erradicar as zonas escuras» del sistema del voto exterior, aunque el único plazo que ofreció para aplicar la reforma fue el insondable «o antes posible». Es más, dejó claro que el texto que se discute en O Hórreo es tan solo un «punto de partida» para alcanzar un consenso posterior en el Congreso, con los cambios que desee introducir, pues es este el órgano encargado de tramitar una reforma de este calibre.
Pese a las diferencias de matiz, la toma en consideración se aprobó por unanimidad y los grupos están pendientes ahora de que se convoque un pleno en julio para darle la aprobación definitiva al texto.