La progresión al alza que ha experimentado el CERA -más de 50.000 nuevos inscritos desde el 2001, hasta un total de 324.388 en las últimas elecciones generales- ha propiciado también un debate ascendente sobre la necesidad de regular el censo y la mejor forma para garantizar la limpieza del voto.
Cada nueva cita electoral trae, inevitablemente, asociadas noticias sobre sufragios que llegan desde la tumba o votaciones masivas de la más dudosa irregularidad. La Voz demostró, tanto en las municipales del 2005 como en las generales del pasado 9 de marzo, cómo era posible que los muertos votasen. Hace cuatro años, la nieta de una emigrante fallecida depositó el voto de su abuela en una oficina postal de Buenos Aires sin que nadie le exigiese identificación alguna. Patricia Laura Martínez adjuntó en el sobre la carta de defunción de su familiar, Hermesinda Dapia, lo que anuló el voto.
Veinte meses después, la historia se repitió en esta familia. El marido de Hermesinda, Manuel Martínez, falleció el 4 de septiembre del 2005 en Hurlingham, Buenos Aires. Su hijo y su nieta comunicaron el óbito al Consulado de España en Argentina, donde les explicaron que lo darían de baja en el CERA. Pero el 25 de febrero de este mismo año, el cartero dejó un sobre con las papeletas a nombre del fallecido en su domicilio. Habría bastado devolverlo por correo.
También se dan casos de personas cuyo fallecimiento no ha sido comunicado -hasta no hace mucho los nacidos antes de 1919 suponían el 6,7% del censo- o cuyas inscripciones están duplicadas o ya no residen en el país. Otro problema lo supone el envío, ya que una persona puede franquear los sufragios de otros votantes. En Fisterra, por ejemplo, en el 2003 se recibieron en una de las mesas electorales 83 certificados censales con el mismo número; alguien lo había fotocopiado en Buenos Aires, para después cambiar el nombre del votante. Llegaron a la urna, pero se detectó la irregularidad. Además, llegaron otros cuarenta con el mismo certificado fotocopiado.