La Justicia ordena de nuevo al Concello de Vigo que tire la casa que generó una revuelta vecinal
VIGO CIUDAD
Multa a la gerente de Urbanismo por no ejecutar la orden de derribo
15 abr 2008 . Actualizado a las 02:10 h.La gerente de Urbanismo de Vigo tendrá que hacer frente a una sanción de 1.200 euros por no ejecutar el derribo parcial de una vivienda en la parroquia de Sampaio. El titular del Juzgado de lo Contencioso número 2, José Manuel López Casanova, ha tomado esta decisión a la vez que ordena a la Gerencia que «tome las medidas procedentes en orden a disponer de los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la demolición y evitar daños a las personas». También anuncia que «cualquier actividad entorpecedora dará lugar a exigir su responsabilidad penal, debiendo la Gerencia de Urbanismo poner en conocimiento de este juzgado los hechos» que en este sentido pueda protagonizar cualquier vecino.
Con este auto la Justicia vuelve a colocar al Concello vigués en la complicada disyuntiva de ejecutar una medida extrema como es el derribo parcial de una vivienda en la que reside una familia. A esta situación se ha llegado por la denuncia de un vecino, pero la mayoría de los residentes en esta zona de Sampaio respaldan de manera expresa a la familia afectada. Ante la dureza del auto judicial, fuentes municipales reconocían ayer que no quedará otra vía que cumplir la sentencia, aunque de momento este auto es recurrible.
Lo que ya no es cuestionable es el fallo judicial que ordenó el derribo, que es firme desde el año 2005. Aprovecha el juez este nuevo pronunciamiento para reprochar al Concello el retraso en el cumplimiento de la sentencia por tratarse de «un pilar básico, pues si se dejaran de ejecutar por el mero hecho de existir una oposición vecinal contraria a ella se estaría introduciendo una quiebra irreparable en el Estado de Derecho».
Dilaciones
El auto también se hace eco del caudal de escritos y recursos que se han producido en este caso, «muchos de los cuales han sido interpuestos con una intención dilatoria». Contrapone este hecho a la presión de la demandante, que ha seguido instando el derribo de las obras ilegales, y reprocha de manera clara el comportamiento de la Gerencia de Urbanismo. «Su actuación no ha sido correcta, pues ha contribuido también con varios informes a generar expectativas que, con el paso del tiempo, no se ven satisfechas».
Tampoco cree procedente la justificación de la Gerencia sobre los motivos por los que no se pudo ejecutar meses atrás el derribo de las obras ilegales. Recuerda que ya advirtió que se dispusieran los medios humanos y materiales necesarios y se queja de que desde hace más de seis meses la Gerencia no ha vuelto a dar señales de vida, «lo que demuestra que ha recurrido al transcurso del tiempo como posible método de solución» de este conflicto.
Con este nuevo pronunciamiento judicial el Concello se ve presionado para cumplir una sentencia de derribo menor mientras trata de salvar con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal importantes proyectos que afectan a edificios con cientos de viviendas e importantes centros comerciales.