Desde sociedades mercantiles como Sogama o el Banco de Terras, hasta entes públicos como Agader, Portos de Galicia o el Igape, sin olvidar la larga lista de fundaciones en las que participa el Gobierno gallego. El peso de la llamada Administración paralela de la Xunta sigue creciendo de forma imparable y está formada ya por casi 400 organismos, en unos casos participados y en otros controlados directamente, pero que casi siempre se encargan de gestionar obras y servicios de carácter público.
Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), relativos al año 2006, en Galicia operan un total de 634 organismos y sociedades mercantiles dependientes de las diferentes Administraciones públicas (estatal, autonómica, local y universitaria). De entre ellas, la Xunta se coloca en la cabeza del ránking, pues controla directamente un total de 227 entes instrumentales, seis más con respecto al año 2005, al tiempo que participa en la mayoría de las 172 fundaciones o entes de carácter mixto tuteladas por varias Administraciones a la vez.
Consorcios y empresas
En este último apartado se situarían organismos como el Consorcio de Santiago, dirigido colegiadamente por el Concello, la Xunta y el Gobierno central, o la empresa pública Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), promotora de los parques industriales de Catoira, Rianxo o A Guarda-O Rosal, donde la Administración autonómica tiene una participación del 15%.
Curiosamente, estas sociedades instrumentales de carácter mixto son las que mayor expansión están registrando en la Administración pública paralela, pues en solo un año se crearon 15 entidades nuevas.
Por su parte, la Administración Local (concellos y diputaciones provinciales) controlan directamente otros 215 organismos, en su mayoría mancomunidades y consorcios, tres más que en el año 2005, mientras las tres universidades gallegas tenían en el 2006 bajo su tutela una veintena de sociedades, dos más que en el año precedente.
Denostados muchas veces por evadir los controles, pero justificados otras tantas por razones de agilidad administrativa, lo cierto es que la proliferación de estos órganos instrumentales siempre ha estado rodeada de polémica y lastrada por la definición de «chiringuitos» que le da el grupo de la oposición.