Las diligencias previas y una breve declaración por parte del acusado reconociendo los hechos, aunque disculpándolos en parte, fueron suficientes para solventar ayer el proceso abierto contra el conductor del microbús escolar que el lunes de la semana pasada dio positivo en un control de alcoholemia efectuado por una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico cuando circulaba por el municipio de A Laracha tras dejar a los niños del colegio Otero Pedraio en sus casas. El hombre aceptó la petición de tres años sin carné pedida por el fiscal del caso, lo que automáticamente rebaja un tercio la pena, con lo que desde ayer tendrá que estar dos años sin poder conducir ningún tipo de vehículo.
Rogelio García, de 58 años, acudió al juzgado de Carballo en compañía de su abogada y de algunos compañeros de profesión para someterse al juicio rápido al que fue citado por los agentes que lo denunciaron el día que dio positivo con tasas de 1,02 y 1,01 en la prueba de aire espirado, cuando el máximo permitido para los conductores profesionales es de 0,15.
Tanto el imputado como su abogada no quisieron hacer declaraciones al término del juicio rápido. Sí habló el fiscal del caso, Antonio Lovera, que explicó así los términos del acuerdo: «Su abogada se mostró dispuesta a aceptar para su defendido una pena de varios meses de cárcel, pero dado que no tiene antecedentes no ingresaría en prisión, por lo que consideré que en la práctica eso no tendría ninguna utilidad y que son más efectivas la privación del permiso de conducir y una multa económica».
Lovera apuntó que al plantear la petición de penas tuvo en cuenta la gravedad del caso -«es evidente que la tasa de alcohol era muy elevada», explicó-, el hecho de que el imputado admitió los hechos y que carece de antecedentes, por lo que optó por solicitar una retirada del carné por un período de tres años, que es «el término medio entre los dos y los cuatro años que prevé la ley», dijo el fiscal. Los nueve meses de multa, a razón de seis euros diarios (lo que suma 1.620 euros), «también tienen en cuenta su capacidad económica actual y el hecho de que se trata de una persona que va a quedar sin empleo», explicó el fiscal antes de aclarar que ambas penas se verán reducidas un tercio puesto que así lo prevé la ley «de manera automática» para los juicios rápidos en los que el acusado acepta la petición fiscal. Así, finalmente, Rogelio García estará privado del permiso de conducir durante dos años y deberá abonar una multa de seis meses, a razón de seis euros diarios (1.080, en total).
Efectos desde ayer
Lovera explicó que haber solicitado una pena mayor hubiera supuesto un fraude de ley y añadió también que aunque hay en marcha procesos legislativos para ampliar las sanciones previstas para este tipo de conductas, su labor es la de atenerse al marco actual. En cualquier caso, precisó que este acuerdo, que ahora deberá ser recogido en una sentencia del juzgado de lo penal, ya es efectivo desde ayer mismo y por lo tanto el acusado ya no puede seguir conduciendo. «Ya entregó el permiso en el juzgado y en caso de ser sorprendido al volante, con independencia de si conduce bajo los efectos del alcohol o no, estará incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena», dijo el fiscal.