El freno en la construcción afecta sobre todo a la vivienda de precio tasado, que facilita el acceso a la propiedad de jóvenes y familias con rentas inferiores a 3.000 euros brutos al mes. El balance de los colegios de arquitectos sobre los pisos visados en los primeros seis meses del año corrobora que el peso de la vivienda sujeta a algún régimen de protección sigue siendo muy escaso en el mercado inmobiliario gallego. De las 20.936 autorizaciones tramitadas en Galicia entre enero y junio, solo 601 correspondieron a pisos protegidos, lo que equivale apenas al 3% del total.
Esta proporción queda muy por debajo de los objetivos que la Xunta incorporará a la próxima legislación en materia de vivienda, donde impondrá una reserva del suelo del 40% para pisos de protección en los 21 concellos con más de 20.000 habitantes. Pero es que ese 3% de vivienda protegida visada en el primer semestre del año confirma el incumplimiento del 20% que establece la norma en vigor desde diciembre del 2002. La propia conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, ha reconocido en varias ocasiones que la ley no se está cumpliendo por falta de mecanismos legales de control, una carencia que la Xunta prevé subsanar en la nueva normativa.