Por cada seis votantes que están inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA), hay uno que ha fallecido o bien que figura anotado de forma errónea o en varios consulados a la vez. Esa es la estimación con la que trabaja la Administración, tanto la autonómica como la central, que aunque no lo reconozca abiertamente es consciente de que los registros consulares -que sirven de base a la elaboración del censo electoral del extranjero- están repletos de irregularidades.
En la operación lanzada en el 2001 por el Gobierno de Aznar para limpiar el censo, poniendo sobre todo la lupa en los inscritos de más de cien años de edad, fueron dados de baja algo más de 8.800 electores gallegos que ya habían fallecidos. Otros 3.300 votantes fueron borrados del CERA por duplas inscripciones, debido a que figuraban de alta en varias oficinas consulares a la vez.
A nivel de todo el Estado, el Gobierno detectó 97.000 errores sobre un censo de residentes en el extranjero que entonces no alcanzaba el millón de emigrantes. Las irregularidades descubiertas en aquella operación especial alcanzaban el 10%, aunque lo cierto es que las bajas del CERA fueron compensadas, e incrementadas paulatinamente, con nuevas inscripciones en cada convocatoria.
El aumento del censo exterior fue una constante en el desarrollo de la autonomía gallega. En 1989, cuando Manuel Fraga ganó las primeras elecciones que lo convirtieron en presidente de la Xunta, había 45.800 inscritos en el CERA. La cifra se duplicó en las siguientes autonómicas, cuando se alcanzaron los 104.200 electores gallegos residentes en el extranjero, que pasaron a 232.067 en 1997, hasta llegar a los 335.400 de la actualidad, casi el 15% del censo electoral de Galicia.
Casos como el de Manuel Martínez, que recibe sistemáticamente la documentación electoral en cada convocatoria, prueban que las irregularidades del CERA persisten y que la depuración solo fue una acción puntual desarrollada por la presión mediática del 2001.
El hecho de que todos esos inscritos, vivos o muertos, pueda recibir de oficio las papeletas en cada convocatoria electoral no permite pensar que la situación y las irregularidades vayan a acabarse.