Los partidos catalanes se plantean recusar a los cuatro magistrados cuyo mandato se encuentra prorrogado
19 abr 2010 . Actualizado a las 09:13 h.La renovación del Tribunal Constitucional amenaza con ser la próxima batalla. Mariano Rajoy se erigió en firme defensor de la permanencia de la institución y como está porque reemplazar ahora a sus componentes sería firmar su acta de defunción. En cambio, gana enteros entre las fuerzas catalanas la idea de que el Parlamento autonómico recuse a los cuatro magistrados interinos, entre ellos la presidenta del tribunal.
En vista de la imposibilidad de resolver el fondo del recurso sobre el Estatuto catalán, las escaramuzas se dirigen a los responsables de mantener vivo el conflicto, los magistrados del Constitucional. Rajoy se cerró en banda a esa posibilidad porque renovar ahora el tribunal sería lanzar «un torpedo a la línea de flotación» de la institución. Supondría, prosiguió, dañar «para siempre el crédito y la reputación» de la institución, además de liquidar «su futuro». No se puede, dijo, «cambiar ahora en mitad del partido las reglas del juego» que han regido durante los tres años y medio largos que dura el debate.
Un cambio en la correlación de fuerzas entre magistrados conservadores y progresistas solo puede perjudicar los intereses del PP, porque la mayor parte del actual tribunal fue elegido en los años de mayoría absoluta de José María Aznar. Un relevo ahora implicaría el incremento del número de representantes avalados por los socialistas en detrimento de los apoyados por los populares porque la situación política es distinta.
Se da la circunstancia, además, de que el bloque conservador del Constitucional, con el apoyo de un magistrado progresista, ha frustrado hasta ahora todos los intentos de sacar adelante la sentencia más favorable al Estatuto, y cualquier otro fallo que salga adelante en el futuro será más restrictivo. Un elemento que abona esta hipótesis es que el nuevo ponente, Guillermo Jiménez, fue elegido por el Senado a propuesta de los populares.
Obligación
El Gobierno y el PSOE aún no han dejado clara su postura respecto a la renovación del Constitucional, atascada desde el 2008 por el desacuerdo con el PP sobre los candidatos para reemplazar a los cuatro interinos. Fuentes socialistas creen que sería una posible solución para desbloquear la solución.
Donde no se admiten dudas sobre la necesidad de cambiar los magistrados es entre las fuerzas catalanas. Todas, salvo el PP, respaldaron que se proceda a reemplazar a los cuatro que deberían haber sido sustituidos en diciembre del 2007. Pero como no va a ser fácil un acuerdo en ese terreno, CiU dio un paso más y propuso que el Parlamento de Cataluña recuse a los que tienen el mandato caducado. Una idea que el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, vio viable después de muchos meses de negar esa vía. El presidente de la Generalitat, no obstante, consideró que el tribunal tiene «tocadas la legitimidad ética, política y moral» para decidir.