La panificadora donde trabajaba Franns Melgar Vargas fue paralizada por la Inspección de Trabajo al día siguiente del accidente.
12 jun 2009 . Actualizado a las 22:30 h.El Gobierno ha regularizado «por razones extraordinarias» al trabajador boliviano que perdió un brazo en un accidente laboral y ha remitido a la Fiscalía un informe de Inspección de Trabajo que denuncia «graves deficiencias de seguridad e higiene» en la panificadora de Valencia donde trabajaba.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que, nada más tener conocimiento de los hechos, el Ejecutivo puso en marcha «todos los medios» para averiguar lo sucedido y «exigir el cumplimiento estricto de la ley». «Esta misma mañana, hace poco más de una hora, el trabajador accidentado, Franns Rilles Melgar, ha sido regularizado por razones extraordinarias», ha señalado.
Fernández de la Vega ha explicado que la Inspección de Trabajo acudió «de forma inmediata» a la empresa panificadora de Real de Gandía en la que trabajaba el inmigrante boliviano, y emitió un informe en el que se «aprecian graves deficiencias de seguridad e higiene». Además, el informe constató que el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social y se ordenó la clausura de la actividad de la empresa.
La vicepresidenta ha recordado además que el informe fue remitido a la Fiscalía, que ha abierto diligencias para averiguar si se han podido cometer delitos «contra la seguridad en el trabajo, de contratación ilegal de trabajadores, y de lesiones graves por imprudencia»
La panificadora donde trabajaba Franns Melgar Vargas fue paralizada por la Inspección de Trabajo al día siguiente del accidente, puesto que las instalaciones técnicas estaban en «estado deficiente, sobre todo las eléctricas», según declaró el conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps.
Franns Melgar Vargas, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo, estaba empleado en la empresa en situación ilegal, trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros al mes, según sus declaraciones.
Según el sindicato Comisiones Obreras, el jefe del trabajador tiró el brazo a un contenedor de basura después del accidente, lo que impidió la reimplantación, le dejó a 200 metros del hospital y le pidió que no dijera nada sobre su situación laboral.
Después de ser atendido en el Hospital de Gandia, el trabajador fue trasladado a la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia, donde ingresó en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del centro, aunque actualmente ha sido trasladado a planta.