La ministra de Medio Ambiente afirma rotunda que no se va a reabrir el debate del trasvase del Ebro.
19 abr 2008 . Actualizado a las 21:51 h.Los responsables de los recursos hídricos de todas las Comunidades Autónomas, incluidos los del PP, respaldaron la 'conducción' de agua de Tarragona a Barcelona, por tratarse de una medida de carácter excepcional y urgente, durante la reunión de más de tres horas que mantuvieron este sábado con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.
Sin embargo, de las consecuencias de esta iniciativa, aprobada por un decreto ley durante la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, los representantes del Gobierno y del principal partido de la oposición obtuvieron unas conclusiones contradictorias, cuando no abiertamente opuestas.
Así, Espinosa afirmó rotunda que esta conducción de agua a la Ciudad Condal -el Ejecutivo ha proscrito el uso de la palabra trasvase no cambia la política del Gobierno en materia de agua y dijo «alto y claro» que en ningún momento se va a reabrir el debate sobre el trasvase del Ebro, «cuya derogación se mantiene», zanjó.
Por su parte, los consejeros del PP interpretaron al término de la reunión que el Gobierno ha optado ahora por cambiar su política hídrica, se felicitaron por ello y le conminaron, en consecuencia, a «revisar la situación del conjunto de España».
Política sin cambios
Espinosa se esforzó en dejar meridianamente claro que el 'minitrasvase' a Barcelona no supone cambio sustancial alguno en la política mantenida durante la anterior legislatura, cuando se adoptaron medidas similares para abastecer de agua a Valencia, Alicante y Murcia. Se remontó a la década de los noventa para recordar que también se llevaron a cabo iniciativas parecidas para llevar agua a Bilbao y a Benidorm.
Reiteró que la conducción de agua a Barcelona está motivada por una «situación excepcional, de emergencia», toda vez que esta ciudad ha registrado los índices de lluvia más bajos de los últimos 60 años. Este minitrasvase, dijo -aunque siempre obviando esta palabra--, será posible por las aportaciones de los regantes y no supondrá ningún impacto ambiental para el río Ebro. La ministra señaló que en ningún momento de la reunión los consejeros del PP de Valencia y Aragón hablaron de un posible recurso contra la medida ante el Tribunal Constitucional, una iniciativa anunciada por los presidentes de sendos Ejecutivos autonómicos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.
La ministra de Medio Ambiente evaluó en alrededor de 180 millones de euros la inversión que será necesaria para la construcción que se acometerá para canalizar el agua desde Tarragona hasta Abrera (Barcelona). Al tiempo, insistió sobremanera en que «el Gobierno se mantiene en la misma política de aguas que inició en la anterior legislatura».
Rectificación
Muy al contrario, los representantes del PP obtuvieron una impresión distinta. La consejera de Castilla y León, María Jesús Ruiz, en nombre de todos ellos, mostró su satisfacción por la medida adoptada con Barcelona, máxime cuando, a su juicio, supone «rectificar una política errónea de los cuatro años anteriores y se entra en una senda clara de entendimiento».
En su opinión, lo que resta ahora es 'revisar' el Plan Hidrológico Nacional y «garantizar los recursos de abastecimientos a la población de todos los territorios». «Es de sentido común -agregó-. La ministra dice que no hay trasvase y no hay rectificación, pero entrar en términos semánticos es un debate estéril. Cuando hay algún problema, hay que dar una respuesta. Éste es el primer paso de una rectificación final para conseguir que las cosas se hagan bien para todos los territorios, sobre todo cuando se trata de una emergencia, como es el caso de Barcelona».
Durante la reunión, precisó Ruiz, el PP planteó una política de «reequilibrio territorial del agua con los medios que sean necesarios, así como el refuerzo de las infraestructuras. La rectificación es muy importante; ahora lo ideal es que se escuche a todos los territorios». El consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García, y el murciano de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, mostraron su acuerdo con la conducción de agua a Barcelona y reclamaron, al tiempo, que se actúe igual con sus CCAA, ya que viven también una situación preocupante. «Esta nueva política -concluyeron nos beneficia a todos y pediremos la misma solución de Barcelona para nosotros».
Abre ventanas
El consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Bonet, coincidió con el de Valencia en que la reunión debería haberse celebrado antes de la aprobación del decreto ley, si bien cree que «abre una serie de ventanas» para actuar igual con comunidades, como la suya, que necesitan agua en 184 de sus localidades.
Por su parte el consejero de Ordenación y Territorio de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez, incidió en que su comunidad no tiene inconveniente en ceder agua cuando se producen problemas de abastecimiento y en situaciones de emergencia, pero no para otros usos, en alusión al trasvase Tajo-Segura que conduce agua al Levante y Almería. A su juicio, todas las CCAA que tienen «el mar al lado» tienen la solución con las plantas de desalinización.