El escenario es dramático. El hasta ahora decano del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), Celestino García Braña, advertía hace unas semanas de la pérdida de valor que ha sufrido el trabajo de los arquitectos en los últimos años. Uno de los grandes problemas que observa ahora es el hecho de valorar el precio de las ofertas como uno de los baremos principales a la hora de realizar una adjudicación de obra pública. A su juicio, la Administración tendría que cambiar los criterios para asegurar la calidad, porque, en la actualidad, están alcanzándose unos precios irrisorios que lo único que hacen es mermar la calidad de los proyectos.
«El elemento que tendrían que valorar los encargados de adjudicar las obras es la calidad de los anteproyectos que se presentan, porque es lo fundamental», dice. En este sentido, advierte de que la Administración tiene en ese terreno una responsabilidad importante para preservar la arquitectura del territorio gallego y evitar que los licenciados acaben marchando fuera. El hecho de no hacerlo también implicaría un perjuicio para la propia escuela que hay en Galicia, porque ya no tendría tirón.
Asociación
La precariedad a la que está expuesto el sector es tal que ha llevado a un grupo de arquitectos a empezar a sentar las bases de una asociación enfocada a exponer sus reivindicaciones y a cambiar la imagen que existe del colectivo. Recientemente aprobaron ya el acta de la que será una asociación de jóvenes arquitectos que, entre otras cosas, pretende dar a conocer cómo el aumento del número de licenciados ha desbordado el sector (hay uno por cada mil habitantes en Galicia), además de mostrar las deterioradas condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo. Algunos de estos licenciados no llegan a alcanzar los mil euros al mes.