El Gobierno mantiene su plan de elevar a 67 años la jubilación pese al no del Pacto de Toledo

La frenética negociación en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones mereció en la noche de ayer los halagos del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que en una tardía comparecencia ensalzó el «muy significativo esfuerzo» que los grupos están realizando para alcanzar acuerdos. Gómez, que destacó la «gran identidad que existe» entre las conclusiones del Pacto de Toledo y las propuestas del Ejecutivo, realizó tal valoración sorprendentemente poco después de que los miembros de la comisión acordaran que las recomendaciones de la comisión sobre las pensiones incluyeran una mención expresa a que no existe acuerdo alguno de los grupos sobre la edad legal de jubilación, que el Gobierno insiste en retrasar a los 67 años.

Pero el ministro prefirió obviar tal disensión en las posiciones y apostar por las formas conciliadoras -que no el fondo-, pues aunque insistió que aún había margen para alcanzar un consenso y que el Ejecutivo «seguirá realizando el máximo esfuerzo» para lograrlo, también dejó claro que no cederán en su postura, por considerar que «sigue pensando que ese (llevar la jubilación a los 67 años) es el planteamiento correcto».

Fueron necesarias insistentes preguntas de los periodistas para conseguir que Valeriano Gómez admitiera la inflexibilidad de la postura del Ejecutivo, aunque el ministro evitó referirse a la edad concreta de jubilación, y centró su mensaje en la necesidad de que «constatando que no hay un acuerdo sobre la edad, habrá que hacer un esfuerzo para alcanzar el mayor consenso posible», consenso que hizo extensivo también a los agentes sociales y a la sociedad en general.

Falta de acuerdo expreso

El caso es que, tras una intensa jornada de trabajo el miércoles, que volvió a repetirse ayer, los grupos de la comisión del Pacto de Toledo acordaron que en las recomendaciones que enviarán al Parlamento constará expresamente la falta de acuerdo sobre la polémica edad de jubilación, cuya prolongación solo defiende abiertamente el PSOE y sobre la que el PNV se muestra dispuesto a hablar. El resto de formaciones, desde el PP a CiU y especialmente IU, BNG y ERC, se oponen. Aunque existe coincidencia en la necesidad de aproximar la edad real de jubilación a la legal.

Sobre lo que sí alcanzaron un acuerdo los grupos mayoritarios de la comisión fue sobre la ampliación del período de cómputo para la calcular la prestación, que actualmente está en 15 años.

De nuevo IU, el Bloque y ERC fueron los únicos que se posicionaron radicalmente en contra, por considerar que se traducirá en un recorte de la cuantía de las pensiones, con el perjuicio que eso supondrá para los ciudadanos. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, cuantificó ayer en un 10% el recorte que la ampliación de los años de cálculo supondrá en una pensión media para el 2030, al que añadió un 6% adicional si se ampliara a los 67 la edad de jubilación.

La defensa del PP

Frente a esta postura, el portavoz del PP, Tomás Burgos, negó que tal perjuicio fuera a producirse y defendió que beneficiará «a muchos» que han sido expulsados anticipadamente del mercado laboral.

En la sesión celebrada en la tarde de ayer también se abordaron modificaciones sobre la pensión de viudedad, aunque la concreción de acuerdos se hará el próximo martes. Según explicó la diputada del Bloque Olaia Fernández Davila, se trata de un tema «menos complejo y sobre el que incluso puede haber acuerdos».

Con respecto a las pensiones de viudedad, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, planteó la posibilidad de que estas se transformen en una prestación temporal, aunque siempre poniendo como condición que se mejore su cuantía.

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