El caso de los controladores puede llevar a revisar las incapacidades temporales para evitar usos perversos
20 jul 2010 . Actualizado a las 02:56 h.La falta de 39 controladores aéreos en el centro de control de Gavà (Barcelona) provocó ayer una nueva jornada de importantes retrasos generalizados. Aena informó que de 11 ausencias fueron avisados en la misma mañana, lo que les imposibilitó buscar sustitutos que evitasen el colapso.
La red pública lleva varias semanas denunciado bajas masivas de este colectivo -que llegaron a su máximo el domingo con un 46% de ausencias-, y considera que es una medida de presión contra las condiciones laborales exigidas por el Decreto publicado en febrero. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) -que representa al 95% de los 2.400 trabajadores- niega el absentismo y la huelga encubierta y asegura que todas las bajas están certificadas por la Seguridad Social.
Las razones del alto índice de ausencias se debe, según César Cobo portavoz del sindicato, al estrés: «Desde el cambio de convenio, muchos trabajadores han presentado cuadros de ansiedad e insomnio».
La Seguridad Social ya está investigando cada caso mediante un servicio de inspección y José Blanco aseguró que si se encuentran fundamentos para ello, habrá denuncias ante la Fiscalía. Cobo, por su parte, pide que se investigue, pero «hasta el final» para saber «si se cumplen los requisitos normativos en la organización de turnos».
Preguntado por el caso, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se mostró favorable a revisar algunas prestaciones como las de incapacidad temporal para evitar que se usen de forma «perversa». A su juicio, es muy complicado, desde el punto de vista estadístico, que se pueda producir tal número de bajas sin que estas respondan a una acción concertada del colectivo y aseguró que esta prestación «no puede ser utilizada por colectivos que persiguen finalidades diferentes al de proteger al trabajador».
La Mesa del Turismo, en representación de varias empresas que realizan sus actividades en el sector turístico, reclamó al Gobierno mano dura con este colectivo.
El enfrentamiento se desató a principios de año cuando José Blanco dio un golpe en la mesa anunciando que Fomento reduciría los privilegios de los controladores. Los recortes incluían moderar los sueldos. De los 323.000 euros al año de media bajaban a 200.000, una remuneración situada por encima de la media europea. Sin embargo, los empleados declaran que hay gran disparidad de sueldos y que algunos cobran «tan solo» 4.000 euros al mes.
El anterior convenio de 1999 obligaba a los trabajadores a realizar 1.200 horas anuales, siendo el resto (una media de 600 horas) cobradas a 2,65 veces el precio de la ordinaria. Con el decreto, la jornada aumenta hasta las 1.750 horas y permite un máximo de 80 extraordinarias pagadas a 1,75 veces la habitual.