Una o ninguna. Hace casi dos años Galicia comenzó a debatir si quería tener o no tener una gran caja de ahorros. La decisión era estratégica para el futuro de la comunidad, cuyas principales instituciones de ahorro estaban en peligro de sucumbir frente a las garras de otras mucho más poderosas como Caja Madrid. Comenzó entonces un agrio y serio debate, que removió la institución que representaba la soberanía popular: el Parlamento. Allí las tres grandes fuerzas políticas desarrollaron una nueva ley de cajas, que no iba en contra de nada ni de nadie, pero sí a favor de mantener el poder financiero de Galicia. Aspiración, que no locura, que también defendían Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid.
Pero en el camino de la ley se desataron las intrigas políticas, los localismos propios de épocas decimonónicas y los intereses personales que llegaron a rasgar Galicia de norte a sur.
Insultos y amenazas cruentas que advertían de intervenciones financieras inminentes calentaron un debate que tenía prisionera a Galicia y, por consiguiente, gallegos. Lo peor es que esos insultos y amenazas venían de la mano de políticos que perdieron ya en su día el respeto y la credibilidad de su ciudadanía.
El levantamiento de la suspensión de los preceptos claves de la norma por parte del Constitucional confirma que el recurso presentado por el Gobierno socialista era un recurso político, con el que se pretendía que la Xunta del PP no ganase la partida por una goleada de 11-0.
De la ley gallega de cajas se tachó de inconstitucional desde que la Xunta autorizase el presupuesto de la obra social, hasta que defendiese que no se podía renovar en dos meses el 75% de los órganos de Gobierno o que el Parlamento tuviese más de un representante. Todo eso era posible. Todo eso, incluso más. Solo tres preceptos quedan suspendidos, y ninguno de los tres afecta directamente al actual proceso de fusión de las cajas gallegas. Entonces, ¿por qué con el recurso se vulneró la decisión soberana de Galicia? La respuesta está en la lucha política, y en los intereses espurios que se desataron desde determinados estamentos de la sociedad. Intereses que solo interesaban a unos pocos.
Ahora, cuando el Constitucional acaba de dejar claro que la ley de cajas siempre se ajustó a la Carta Magna, la fuerza de los gallegos cobra más fuerza. Porque pese a todas las penurias que sufrieron en estos últimos 18 meses, supieron elegir entre una caja o ninguna. Eligieron no morir en las jaulas de grillos de las fusiones frías.