El Ministerio de Economía ha intentado mantener de cara a la opinión pública un papel secundario dentro de todo el proceso de fusión de entidades. Ayer mismo, un portavoz del citado departamento insistió de nuevo en que la ministra Elena Salgado evita posicionarse sobre las decisiones que adopten las cajas, ni gallegas ni otras. «Deben ser ellas las que decidan su futuro», subrayó el portavoz, quien advirtió que «no le consta» que haya habido ninguna injerencia en torno a la dimisión de Juan Ramón Quintás al frente de la CECA, cuando apenas faltaban dos meses para su salida oficial y consensuada.
Sin embargo, tanto los hechos como las declaraciones de responsables de la propia confederación revelan que sí hubo y, todavía hay, presiones tanto en la patronal de cajas como en los procesos de fusión que se están llevando a cabo en cada una de las autonomías.
Pese a todo, el mapa financiero nacional sigue sin estar definido, y el deterioro de la situación económica es cada vez mayor. Ambos factores han impulsado los movimientos del Gobierno central y del Banco de España para que, en los próximas semanas, la situación, en especial la gallega, se aclare.
El pasado miércoles, la ministra Elena Salgado, gallega de nacimiento pero lejana a esta comunidad, dijo en el Congreso utilizando un tono especialmente ácido que si Caixa Galicia y Caixanova quieren fusionarse que manden una propuesta al Banco de España y este decidirá si se hace y cómo se hace. Al acabar esa jornada se supo que los dos máximos responsables de las entidades ya habían pasado por las oficinas del supervisor. Fue entonces cuando los encuentros entre los máximos representantes de las dos cajas se intensificaron.
Así las cosas, la negociación sobre la ley gallega de cajas parece haber quedado en segundo plano, y el acuerdo definitivo depende ahora de que se encuentre una salida urgente de fusión para las dos entidades. Fuentes políticas entienden que el PP y el PSOE ya han alcanzado un acuerdo, si no nacional, sí en torno a las cajas gallegas.