El FMI aconseja a España reducir los salarios, y la OCDE recomienda aumentar el período mínimo de cotización
ECONOMÍA
Trabajar más tiempo y por menos dinero. Esa es la solución para los problemas de competitividad y productividad de España según el análisis combinado de los expertos de las principales instituciones del mundo. Ayer, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalaron esas dos premisas como condición para que España se recupere de la recesión y estabilice sus finanzas públicas con garantías para el futuro.
En una entrevista al diario galo Les Echos, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, aseguró ayer que España, como les sucede a Grecia y a Portugal, todos en la zona euro, no pueden emplear la política monetaria para ajustar sus balances, por lo que no le queda otra que emprender «grandes sacrificios», como reducir los sueldos de los trabajadores.
Casi al mismo tiempo en que las declaraciones de Blanchard aparecían en los quioscos franceses, la OCDE advertía de que la reforma del sistema de pensiones en España necesita «esfuerzos complementarios» a las propuestas lanzadas por el Gobierno (el retraso hasta los 67 de la edad de retiro), que no obstante la organización juzga «muy positivas». Así, la OCDE se pronunció además por diversificar la financiación con pensiones complementarias privadas.
En una declaración pública, la OCDE destacó que para «atajar el problema de la sostenibilidad del sistema de reparto» de las pensiones, España habría de recurrir a medidas como «vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida y aumentar la edad efectiva de jubilación».
Esta última debería concretarse, por ejemplo, incrementando el mínimo de años necesarios para obtener una pensión completa, pasando de los 35 años que se exigen en la actualidad a 40, como en Francia, que prevé elevarla progresivamente a 42. Además, el llamado club de los países desarrollados señaló que estas reformas «deberían complementarse con una política clara dirigida a que las contribuciones a las pensiones complementarias privadas se incrementaran, y estas fueran así un componente más para financiar la jubilación.