El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, ha anunciado una auditoría externa a los astilleros de Navantia «al objeto de poder detectar inmediatamente todas las desviaciones que se produzcan con respecto a los presupuestos» y reducir así los números rojos, que este año ascenderán a unos 26 millones de euros.
La SEPI argumenta que, pese al buen momento de ocupación de las plantas de Navantia, la falta de rentabilidad de los contratos se debe, con frecuencia, a problemas en la planificación económica. Los programas navales, desde que se plantean hasta que se entrega la última de las unidades, tienen un período de desarrollo de entre cinco y diez años, por lo que cualquier incidencia en su ejecución puede traer consigo una desviación presupuestaria al alza. Esto es, costar más de lo que se ha pedido al cliente.
Además, la SEPI admite en Navantia «problemas de gestión», derivados del modelo en el que se han ido cimentando los astilleros públicos en los últimos veinte años, con una partición creciente de la industria auxiliar. Martínez Robles también trasladó críticas a las firmas complementarias, de las que aseguró que «a lo mejor no han respondido en la misma medida que hubiese sido necesario».
La SEPI aboga por intensificar el modelo de centralización de las compras, aunque admitió que esta medida «es difícil aplicarla a los planes y proyectos» ya en marcha.