Los principales grupos políticos del Congreso de los Diputados están dispuestos a aparcar sus diferencias y conseguir que los parados sin prestación de desempleo desde enero cobren la ayuda de 421,7 euros a primeros de noviembre. Para ello, trabajan con la previsión de sacar adelante hoy (en la fase de ponencia) un texto consensuado que permita agilizar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Jesús Membrado, del PSOE, defenderá en el encuentro que los afectados solo puedan acceder a la prestación una vez, y que la ayuda se mantenga incompatible con el salario social que conceden las comunidades autónomas.
Ignacio Echániz, del PP, aseguró que su grupo no va a poner obstáculos en perjuicio de los parados. Los populares apuestan por la retroactividad (al 1 de enero); por que en el texto quede claro que el acceso a los 421,7 euros es después de agotar las tres modalidades de cobertura existentes (contributiva, subsidio y renta activa de inserción), y por revisar la medida en la comisión parlamentaria de Trabajo o del Pacto de Toledo, puesto que se puede vincular a la propuesta del líder de UGT, Cándido Méndez, de fijar un nuevo impuesto que cofinancie las pensiones públicas.
Trabajos sociales
Desde los escaños de CiU se han presentado 11 enmiendas al proyecto de ley. Carles Campuzano resaltó que una de sus propuestas radica en permitir que la nueva ayuda sea compatible con la realización de trabajos sociales hasta alcanzar una renta similar al salario mínimo interprofesional (624 euros). Este cambio permitiría «incentivar la utilización de la figura de los trabajos comunitarios de colaboración social», pero de las declaraciones de los demás portavoces se desprende que esta enmienda se caerá.
La preocupación del diputado de IU, Gaspar Llamazares, se centra en los colectivos de parados que quedan fuera de la prestación por haber agotado la cobertura antes del 1 de enero del 2009. Su principal solicitud es que la renta activa de inserción, que combina ayuda económica y formación profesional, tenga carácter universal, es decir, que no exista ningún colectivo excluido.