El hecho de que las cotizaciones de empresarios y trabajadores y las prestaciones de la Seguridad Social entren y salga de la misma hucha, cualquiera que sea su origen y destino, salvó en el 2007 las pensiones de nueve comunidades. A falta de conocer cómo fue el cierre del año pasado, todo indica que el proceso volvió a repetirse en el 2008.
La situación económica de cada una de las autonomías figura en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. De esta forma, los números oficiales constatan que este mecanismo denominado «caja única» permitió atender por igual, con independencia de su lugar de residencia, a todos los pensionistas del Estado.
Los gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, y distintos expertos han defendido siempre que la «caja única» es una fórmula solidaria que, además de afectar a los territorios, se extiende entre generaciones (los actuales ocupados cotizan para mantener a quienes trabajaron en el pasado) y sexos (las pensiones se calculan de idéntica forma para hombres y mujeres). En definitiva, resuelve las carencias, equilibra las cuentas y garantiza el mismo tratamiento en función del salario percibido.
Además, con independencia de las continuas demandas de los partidos nacionalistas, el Ejecutivo central asevera que la «caja única» supone un respiro para el sistema, sobre todo en momentos en los que, como ocurre en la actualidad, el debate sobre el futuro de las pensiones ha cobrado relevancia. La polémica se agravó a partir de la comparecencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo. Este nombre responde al acuerdo que en 1995 firmaron los diputados para luchar por la viabilidad del sistema público de protección social.
Más de un millón
El déficit económico generado en el 2007 por las comunidades con números rojos superó los 6.458 millones de euros. El agujero estuvo originado porque las necesidades económicas para afrontar los costes sociales de protección (pensiones contributivas, no contributivas, bajas por enfermedad común, prestaciones por maternidad y paternidad, riesgo de embarazo y familiares) y otros capítulos de gastos superaron a los ingresos (cotizaciones sociales, transferencias corrientes, aportaciones patrimoniales...). El superávit contabilizado en el resto de las autonomías rondó los 9.800 millones de euros, lo que dejó el balance final en números verdes, con un saldo positivo aproximado de 3.305 millones de euros.
Galicia fue la comunidad que mayor carga supuso para el sistema, con un déficit de 1.686,19 millones. A continuación se situaron, también con cuentas negativas superiores a los mil millones de euros, Asturias, con 1.548,34, y Castilla y León, con 1.359,90 millones. A bastante distancia se situaron los desfases de País Vasco, con 737,22 millones; Extremadura, con 362,73; Cantabria, con 313,44; Andalucía, con 228,68; Aragón, con 116,90; y Castilla-La Mancha, con 92,36. Ceuta y Melilla aparecían igualmente en la lista negra al reflejar 3,94 y 8,45 millones de déficit.
El primer puesto entre las aportaciones netas al sistema fue para Madrid, cuyo superávit rozó los 5.000 millones. Hubo otra comunidad, Cataluña, a la que también le sobraron más de mil millones de euros (1.794,89) después de haber afrontado los gastos en protección social de sus ciudadanos.
Cercanos a ese listón fueron los beneficios registrados en Canarias (945,54 millones) y los de la Comunidad Valenciana (889). Las cuentas de Baleares, Murcia, Navarra y La Rioja arrojaron unas cuentas positivas de 633,63; 369,74; 167,23; y 13,24 millones; respectivamente.
Repuntan los pensionistas
El incremento del número global de pensionistas es el factor de mayor peso a la hora de explicar el agujero generado en los sistemas de protección social en ciertas comunidades. Así, solo durante los últimos diez años, el número de pensionistas ha aumentado en 732.000 personas (un 12,3%) y el total ya frisa los 8.500.000 beneficiarios, que cobran una cuantía media de 750,15 euros mensuales. En Galicia, el número total de pensionistas se sitúa en las 712.850 personas, con una prestación media de 626,55 euros, un 16,5% menos que el importe medio en el conjunto del país.
Las diferencias entre el estado de la hucha de las prestaciones en las distintas autonomías tienen su explicación en el número de contribuyentes que sostienen con sus cotizaciones el sistema de la Seguridad Social. Así, si bien la media española se sitúa en los 2,6 contribuyentes por cada pensionista, hay territorios donde esa correlación cae por debajo del 1,5. A la cola se sitúan Asturias (1,31) y Galicia, con 1,44 cotizantes por cada persona que cobra una prestación asistencial.
En el lado opuesto, las comunidades con un sistema más piramidal (más base de contribuyentes, menor pico de dependientes), son Madrid (3,09), Canarias (2,89) y Murcia (2,48). A la hora de analizar esa realidad no se puede dejar escapar el factor demográfico que incide en esos territorios, con unos índices de crecimiento mucho mayores, tanto por la natalidad como por el fenómeno migratorio.