El número de familias que suspendieron pagos ante el juez aumentó un 93% en los últimos doce meses
08 feb 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el estrangulamiento de las líneas de crédito han terminado saturando los juzgados gallegos con 362 concursos de empresas que arrastran a cerca de 50.000 afectados. La búsqueda de una salida a estas crisis familiares o societarias, o simplemente la liquidación de sus bienes para el pago de las deudas, están a punto de bloquear el funcionamiento de la Justicia. Las dos nuevas salas mercantiles previstas en Vigo y A Coruña no bastarán, a juicio de los profesionales de la judicatura, para «aliviar» el frenético ritmo de las suspensiones de pagos.
Galicia tiene tres juzgados mercantiles (en A Coruña se ha desdoblado uno tras la quiebra de Fadesa), y dos juzgados habilitados en Ourense y Lugo para este tipo de procedimientos. Todos ellos mantienen abiertos 362 procesos concursales de otras tantas empresas o personas físicas. Nunca hasta ahora tantas personas habían arrojado la toalla. Y jamás el ritmo de entrada en los juzgados fue tan agitado, con cerca de 50.000 afectados directos.
El azote de la crisis ha multiplicado por tres el trabajo de los juzgados. Cada concurso abierto tiene una vida media de dos años y medio. De las 362 suspensiones de pago pendientes de solución, casi un 52% (un total de 185) corresponden a familias y empresas que han quebrado a lo largo del 2008. Un año antes, cuando la crisis no se había instalado todavía en el mundo, en Galicia suspendieron pagos 64 sociedades. En doce meses, el crecimiento se triplicó, según los datos oficiales del Registro de Economistas Forenses. Y más del 70% de los casos abiertos guardan una relación directa con el sector del ladrillo.
Cada procedimiento de este tipo en las salas de lo mercantil implica la participación media de más de un centenar de afectados, entre acreedores, socios y empleados. Pero gigantes como Fadesa han hecho pedazos las estadísticas y disparado la cifra de implicados. Solo la constructora coruñesa en manos de Fernando Martín tiene a 2.065 acreedores gallegos en los juzgados, y 8.000 más en el resto de España. Para atender este concurso fue necesario destinar un nuevo juez y personal adicional al Mercantil coruñés. Pero el ritmo de trabajo desborda incluso a los refuerzos. Fuentes de la judicatura confirmaron que solo en lo que va de año (hasta el pasado día 21) esta sala había tramitado 850 incidentes, y 750 de ellos fueron concursales (trámites relacionados con los procedimientos abiertos). El cupo anual asignado a un juzgado de lo Mercantil en España es de 400.
Entre las tendencias más dramáticas de la escalada está el incremento de las quiebras familiares. En todo el año 2007, únicamente 15 personas físicas se declararon en suspensión de pago ante un juzgado. Al término del 2008 habían sido 29, con un incremento anotado del 93%. Si se compara con otras autonomías, Galicia sale mal parada. Madrid, el País Vasco, Aragón, las dos Castillas, La Rioja, Cataluña o Valencia reflejan un crecimiento porcentual menor que el gallego el pasado año. Andalucía y Murcia, las más castigadas por el crac del ladrillazo, acumulan peores datos que la comunidad gallega.