En 1992, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, la Cámara gallega aprobó por unanimidad el Plan Forestal de Galicia, cuya vigencia era de 40 años y en el que se preveía una inversión anual equivalente al 3% del presupuesto autonómico.
Este compromiso se ha incumplido sistemáticamente año tras año, según denuncian las asociaciones forestales de la comunidad. El resultado es que en la autonomía gallega existen 700.000 hectáreas deficientemente arboladas, de las que 350.000 podrían ser objeto de reforestación. El abandono del monte supone la infrautilización de un recurso para los propietarios de parcelas, pero amenaza también la competitividad de las industrias transformadoras, que ven cómo es cada vez más difícil incrementar los volúmenes de corta. Estas empresas se agrupan en un sector que mueve anualmente 2.200 millones de euros.
Las industrias confían en que el nuevo sistema de unidades de gestión permita consolidar explotaciones más grandes y competitivas.