La Xunta mantiene intacta su ofensiva de regulación sobre el sector eólico gallego promovida desde la Consellería de Industria, pese a las amenazas vertidas en las últimas semanas por las grandes empresas eléctricas, que han anunciado una judicialización del nuevo decreto y su intención de solicitar la paralización de todos los nuevos parques.
En juego está multiplicar casi por tres, hasta los 6.500 megavatios, la actual potencia instalada en Galicia (poco más de 2.500) y elevar por encima de los 2.000 millones de euros la facturación anual del sector, desde los poco más de 700 millones actuales. Y todo ello en un horizonte de entre 3 y 5 años.
Fuentes del departamento que dirige el nacionalista Fernando Blanco aseguraron a La Voz que, «disguste a quien disguste», el nuevo decreto será publicado en el Diario Oficial de Galicia a finales de noviembre y su contenido mantendrá los ejes políticos que el Gobierno gallego considera «irrenunciables». Entre ellos, el fomento de la participación pública en el nuevo negocio. Las correcciones solicitadas por el departamento jurídico de la Xunta sobre el borrador inicial sólo han variado una cuestión de fondo. Industria se reserva el derecho de rescindir los actuales Planes Eólicos Empresariales, seguirá promoviendo la cesión pública de un porcentaje de los nuevos parques (aunque de manera voluntaria y no obligatoria) y mantendrá su apuesta por un modelo de competencia frente a las autorizaciones directas. Pero las polémicas participaciones públicas no tendrán que formalizarse necesariamente a favor del Inega (Instituto Enerxético de Galicia).
La Consellería de Industria admite que esta obligatoriedad podría resultar ilegal y ha corregido el decreto para que se puedan ceder porcentajes «a favor de entidades públicas que tengan como objeto social la producción de energía».
El Inega se gestiona íntegramente desde el Gobierno autonómico, mientras que el PP había propuesto fórmulas que permitiesen un mayor control parlamentario de todas estas participaciones.
Plazos ajustados
Los planes de Industria pasan por aprobar en noviembre la orden que desarrollará el decreto, para abrir oficialmente el plazo de presentación de ofertas (tres meses) y adjudicar los nuevos parques durante el primer semestre del 2008. Portavoces del departamento de Fernando Blanco estiman que los posibles recursos «no implicarán la paralización de las autorizaciones» y apelan a la «unanimidad» que obtuvo el decreto en la comisión de secretarios de la Xunta, celebrada el pasado mes de septiembre, para negar discrepancias entre el BNG y el PSOE. «Allí estaban todas las consellerías y nadie puso objeciones», comentó un portavoz.