Los dos partidos de la oposición de Lalín criticaron ayer la subida impositiva que el gobierno local llevará a pleno el martes. Ambos coincidieron -con matices- en las líneas maestras de sus análisis, ligando el incremento de impuestos y tasas a la necesidad recaudatoria por parte del Concello para sacar adelante las grandes obras en marcha -consistorio- y pendientes de inicio -multiusos- También concordaron en admitir una subida anual del IPC, pero rechazaron que se acumule el incremento de varios años por razones políticas: una fuerte revisión al alza el primer año de mandato para evitar repercusión electoral en las municipales.
González Aller (PSOE) apuntó que hace cuatro años apoyaron actualizar los impuestos porque suponía mejoras en servicios como agua y basuras, pero en esta ocasión «non as vemos». En la basura, considera que en el casco empeora el servicio, y en el rural ni se cumple el pliego. Apunta que las declaraciones de Gómez culpando a los ciudadanos de no separar correctamente «claman ao ceo; levamos catro anos pedindo unha política educativa para facer reciclado e esixindo un número suficiente de contedores». En el ICIO critica que se suba el 10% cuando se avecina crisis en la construcción, y cree que gravará sobre todo las construcciones en el rural, al igual que el impuesto de primera ocupación, con una nueva tasa de 500 euros que afectará a naves ganaderas en importante medida. Justificó así las críticas de UU AA, al igual que por la subida del 66% en la expedición de documentos, que afecta mucho al rural. Respecto a los vados, Aller indica que el PSOE siempre propuso primar los vados en los garajes de mayor capacidad, para dejar más espacio libre en las calles, «e estas tasas priman o contrario».
Afán recaudatorio
Cuestionó subir más del 14% el impuesto de vehículos «cando por Lalín case non se pode circular», y apuntó que desde el PSOE «estamos a favor de pagar os servizos, pero según a calidade», y cree que el ciudadano nota una presión fiscal elevada. El portavoz socialista anticipa que el afán recaudatorio se recrudecerá todavía más «no 2009 e 2010, cando veñan os prazos fortes do concello».
Desde el BNG, Rafael Iglesias estrenó su nuevo cargo de coordinador de política municipal vinculando la subida de impuestos -junto a la financiación de grandes obras- a los salarios de los ediles del gobierno con dedicación: 49.573 euros al año para Crespo; 35.000 para Antonio Rodríguez y Paz Pérez; y sendos salarios de 24.786 euros para Nuria Rodríguez y Nicolás Varela: «Estos son os soldos populares. Pero case todos os cidadáns distamos bastante de chegar ao que perciben por media xornada». Dijo que el gobierno local es con Sanxenxo, excepto Pontevedra y Vigo, el más caro de la provincia «e algo terá que ver coa suba de impostos e taxas». Dijo que «aos veciños do casco urbano non se nos pode exprimir máis», aunque admitió que «un sector puxante como a gandeiría dea a súa visión». Pero añadió que esa visión propicia que «se quen máis vota non paga impostos quererá que goberne a dereita toda a vida».
Vilariño buscó los antecedentes de la actual presión fiscal en la fuerte subida de hace cuatro años «cando o BNG foi o único que votou en contra». El portavoz nacionalista puso especial énfasis en buscar las contradicciones de la actuación municipal: y aludió a que en la basura se propone una subida del 10% pese a que el propio gobierno se queja de los incumplimientos de Sufi, y al incumplimiento del pliego de bases. Y añadió otra contradicción: ¿por qué el argumento del déficit se aplica a la basura, pero no al agua que sube sólo el IPC?
Dijo que las subidas no pueden ligarse a decisiones políticas sino que debieran guardar equidad: no puede subirse el 10% cuando los salarios no lo hacen. El BNG propondrá cambios en varias tasas, como la de documentos, al creer que no puede cobrarse igual a un vecino que a un constructor: dijo que el documento que en Lalín costará 100 euros, en Porriño supone sólo 11 euros.