José Manuel Francisco es acusado de recibir en su domicilio sustancias prohibidas
02 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El entrenador gallego José Manuel Francisco, el presidente Josu Zabalondo, el médico Marcos Maynar y otras dos personas vinculadas al Club de Remo Urdaibai son los cinco imputados por la Fiscalía Provincial de Vizcaya por un supuesto delito contra la salud pública. El informe de la Fiscalía publicado por El Correo, El Diario Vasco y el Diario Montañés es el resultado de una investigación abierta el pasado mes de octubre y que amenaza los cimientos del remo.
En el caso del técnico moañés y del presidente de la entidad, según apunta el informe desvelado por los tres rotativos, se pone de manifiesto que ambos llegaron a recibir fármacos con sustancias dopantes en su casa y en el trabajo. Este material fue comprado mediante tarjeta (a nombre de Zabalondo) en establecimientos de las localidades Portugalete y Ondárroa, pero también en Múnich vía Internet. Antes de conocerse su imputación, el presidente de Urdaibai había justificado las compras en la Red indicando: «Si hacemos viajes a través de Internet, porque no vamos a comprar productos de farmacia en donde saquemos mejor precio».
Entre la relación de productos comprados supuestamente por el equipo de Bermeo y considerados como sustancias prohibidas aparece Sintonal (un ansiolítico), Nootroopil (vasodilatador) y Mariposa Vebefix, un utensilio médico para la suministración vía intravenosa.
La Fiscalía de Vizcaya también recoge en su informe que Korta, el técnico de Kaiku, declaró ante la Justicia que Francisco preguntó a un director deportivo de un equipo ciclista vasco por un «médico valiente».
Ese médico, según el informe, sería Marcos Maynar, cuyos servicios solo serían recompensados en caso de triunfo en La Concha, como al final sucedió. Maynar, según testigos, le comentó a los remeros que habría descubierto un compuesto que permitía a un hombre colgarse de una barra y no sentir cansancio. Su presunto nombramiento fue denunciado ante la federación vasca y el ejecutivo autonómico por parte de Korta, que se ha personado como acusación particular. El Gobierno vasco, una vez que ha trascendido el informe, ha anunciado una comparecencia pública para analizar la situación creada.
Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito castigado con entre seis meses y dos años de cárcel. Además, se pide la aplicación del artículo 361 del Código Penal, que sanciona conductas vinculadas con sustancias prohibidas.