El CSD pide a la Abogacía del Estado que se haga con las cintas de las conversaciones grabadas
DEPORTES
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha solicitado a la Abogacía del Estado que realice las gestiones necesarias ante el Juzgado número 7 de Alicante para que le remitan las conversaciones telefónicas grabadas del máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, en las que asegura que dio 100.000 euros al portero del Córdoba, Raúl Navas, para que se dejara meter algún gol y asegurarse el ascenso a Primera División.
Un portavoz del CSD señaló a La Voz que, tras conocerse la noticia, contactaron con la Abogacía del Estado, institución adecuada para requerir datos del sistema judicial. Será el juez del caso Brugal, en el que se investiga un supuesto caso de corrupción en el que está implicado Enrique Ortiz, constructor alicantino, el que decidirá si entrega las conversaciones grabadas, como le pidió la Fiscalía, u opta por denegarlo porque la compra de partidos todavía no es un delito.
Si elige la primera opción, el CSD trasladaría las cintas a la Federación Española de Fútbol (FEF), cuyo Comité de Competición enjuiciará el caso. El fallo puede recurrirse ante el Comité de Apelación y, después, ante el Comité Español de Disciplina Deportiva, dependiente del CSD.
Hoy solo se castiga la compra de partidos con una sanción administrativa: pérdida de puntos y multa. Pero a partir del 1 de enero del 2011 entra en vigor la nueva Ley del Deporte, cuyo artículo 286 bis impondrá penas de entre seis meses y cuatro años de prisión, inhabilitación y multa a los involucrados en «conductas que tengan por finalidad alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva». Fuentes de la FEF dijeron a La Voz que no han recibido documentación sobre este supuesto fraude y, que hasta que no la tengan, Competición no podrá actuar. Eso sí, reconocieron que el Betis y el Cádiz, posibles beneficiados, ya se han dirigido a la federación para que se investigue lo sucedido.