El auto recoge que Lopera intentó eludir a la Justicia con la venta de sus acciones
DEPORTES
«Las medidas dictadas no tienen fundamento ni base alguna». A Manuel Ruiz de Lopera le han impuesto una fianza de 25 millones de euros, han anulado su venta de acciones del Betis y le han apartado de sus funciones en el club. El empresario no ha digerido bien el auto judicial y ha anunciado un recurso, al tiempo que acusaba a la jueza de una «manifiesta utilización desviada y fraudulenta de la justicia penal».
Todo ello después de recibir el documento de 23 páginas en el que la magistrada Mercedes Alaya relata varias de las, a su entender, prácticas delictivas de Ruiz de Lopera. Una larga lista de llamativas irregularidades desmenuzadas al detalle.
Entre los casos más curiosos citados por Alaya está el que una de las entidades a nombre del ex dirigente (Frigimueble) le saca todos los meses 200.000 pesetas al club. El motivo: le arrienda un local que el equipo utilizaría como almacén de ropa deportiva.
La pregunta de la jueza en el auto es muy directa: «¿No habrá sitio en las dependencias del nuevo estadio para almacenar dicha ropa?». Alaya apunta que se trata de «otro ejemplo curioso de contratos que indiciariamente carecen de lógica económica».
En este saco de irregularidades entran otros acuerdos y decisiones, como la que habría llevado al imputado a ordenar al Betis que no facturase en cada temporada las cantidades objeto de las liquidaciones. Según menciona Alaya en su escrito, Ruiz de Lopera «diseñó los contratos de prestación de servicios e igualmente la manera de incumplirlos».
En el auto se recoge también la última maniobra del imputado. Una apresurada venta de acciones (producida el 7 de julio) con la que «trataba de eludir y hacer ineficaz la previsible actuación judicial».
Medidas cautelares
Sin embargo, Alaya ha tratado de frenar esta intentona añadiendo a las medidas cautelares la de dirigir «de inmediato oficio al Consejo Superior de Deportes» para que deniegue la autorización al traspaso accionarial. Argumenta la jueza que los títulos vendidos nunca han sido legalmente adquiridos por la empresa Farusa, encabezada por Ruiz de Lopera, así que tampoco podría hacer negocio con ellos.
Esta decisión ha provocado la nulidad del cambio de dueño en el club, lo que sumado a la inhabilitación del imputado deja a la entidad verdiblanca en una situación de vacío que se resisten a asumir las distintas partes.
El propio Ruiz de Lopera pasa de la defensa al ataque y acusa a la jueza del caso de causar «perjuicios de difícil reparación» al Betis. El culebrón amenaza con una larga serie de nuevos capítulos.