El informe concursal de noviembre del 2008 también habla de huida hacia adelante de los anteriores gestores
30 nov 2009 . Actualizado a las 02:26 h.El juez de lo Mercantil de Pontevedra dará traslado hoy a las partes y a la fiscalía del informe de los administradores concursales del Celta en el que proponen la inhabilitación de Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez por un espacio de cinco años y en donde se apuntan como cómplices a los auditores de las cuentas del club entre los años 2003 y 2007. La redacción del texto debiera estar lleno de concordancias con el informe concursal presentado el noviembre del pasado año y en donde se acusaba a los anteriores gestores de promover «una política disparatada de gastos».
En sus conclusiones del 2008, los tres administradores del Celta hablan en primer lugar de los defectos contables de las cuentas del club. Indicaban que «las regularizaciones que se han realizado ponen de manifiesto un grave incumplimiento de prácticamente todos los principios contables que estable el Plan General Contable español».
«En nuestra opinión -acusaba la administración concursal- se produjo una sistemática y continuada utilización de prácticas contables heterodoxas o anómalas, dirigidas a aparentar una situación económica saneada, ocultando la realidad de un desequilibrio creciente generado por la reiteración de resultados económicos agobiantes, en una política de huida hacia adelante que habría de conducir a la insolvencia con grave perjuicio para sus acreedores». Especifica el documento que estas prácticas se llevaron a cabo a partir de la temporada 04/05, la del primer descenso reciente.
En las mismas conclusiones se indica que la sociedad se encontraba con fondos propios negativos (en causa de disolución) desde junio del año 2003.
El documento en cuestión desvelaba que «debido a una estructura financiera de fuerte endeudamiento, los resultados financieros son negativos desde el ejercicio 2003/04», haciendo especial énfasis en el desfase del coste de la plantilla deportiva «que supone un lastre que consume la totalidad de los ingresos ordinarios, claramente en todos los ejercicios, por encima de las posibilidades reales de la sociedad». Apunta también la existencia de «prácticas contables anómalas», especialmente en el epígrafe ingresos extraordinarios. Por último manifiesta que de haberse «registrado correctamente en cada ejercicio los ingresos, gastos y resultados extraordinarios correspondientes, se habrían debido reconocer pérdidas relevantes en todos ellos».
En el informe que acaba de cumplir doce meses, se apuntaban como causas para tener que recurrir al concurso «la deficiente estructura financiera de la sociedad, con un capital y unos fondos propios muy escasos para las necesidades derivadas de las inversiones y gastos en plantillas de jugadores y técnicos que han estado muy por encima de las posibilidades reales, generando continuamente pérdidas a las que no se puso remedio en su momento».
Pérez-Bouzada -que ahora ha emitido un voto particular-, Francisco Prada y José González consideran que el origen de la crisis financiera del club viene derivada de «una política disparatada de gastos, particularmente en la contratación de jugadores y técnicos, sin tener en cuenta las limitaciones que la capacidad financiera de la entidad podría soportar». Pese a esto, sigue indicando el informe «continuaron gestionándola [a la sociedad] en apariencia preocupados exclusivamente por los resultados deportivos».