Salir del concurso antes del 31 de julio acarreará peligro de descenso si los jugadores denuncian al Celta a la AFE

La Voz

VIGO

La entidad tendrá que estar al día en los pagos o que el juez no proceda al alzamiento antes de esa fecha

18 jun 2009 . Actualizado a las 03:00 h.

La temporada pasada el Celta gozó de inmunidad ante la comisión mixta que supervisa las denuncias por impago a los futbolistas. Fue uno de los motivos que llevó a la entidad a entrar en concurso hace poco más de un año, pero ahora, con la junta de acreedores prevista para el 30 de junio podría darse el caso que el juez de lo mercantil de Pontevedra proceda al alzamiento del proceso con antelación al 31 de julio (la fecha tope para pagar) y entonces el conjunto vigués estaría obligado a estar al día con sus jugadores para no verse con el riesgo de descenso a Segunda B por cuestiones económicas.

A día de hoy, los futbolistas están al día en cuanto a los pagos corrientes (recibieron en los últimos días las dos nóminas adeudas) pero tienen dinero pendiente de las fichas, cuestión que tiene que regularizar el club o negociar en el momento de liquidar a cada uno de sus profesionales. En teoría el club debería comerciar con los profesionales a lo largo de esta semana, pero todo indica que ciertos movimientos tendrán que esperar a la próxima semana.

De todos modos, el riesgo para la entidad celeste parece mínimo. Primero, porque la propia Ley Concursal exige estar al día en los pagos durante todo el proceso y todo parece indicar que después de encontrar la viabilidad y la salvación deportiva Carlos Mouriño hará un último esfuerzo para cerrar la temporada en lo económico.

Pero además, tampoco está clara la fecha de alzamiento del concurso, que incluso podría demorarse hasta finales de julio, aunque parece improbable. De entrada la junta de acreedores está convocada para el próximo 30 de junio con la garantía de que saldrá adelante al tener garantizado el voto favorable de los acreedores mayoritarios: Caixanova y Hacienda.

Que esté aprobada no significa que el magistrado José María Blanco Saliegui proceda al alzamiento del concurso en el mismo momento y el club deje de estar tutelado judicialmente y por lo tanto pierda la especial protección que le otorga la Ley Concursal (imposibilidad de denuncias, embargos e intereses de demora en las deudas). Normalmente el proceso puede tardar entre una o dos semanas, aunque en este caso al Celta pudiera interesarle que se demorara un poco más en el tiempo. Desde que entró en proceso siempre ha podido negociar con libertad y ninguno de los tres administradores se han inmiscuido en las tareas del club. Se han limitado a la labor de control.

Impugnar a la Audiencia

Además, la junta de acreedores del día 30 puede no ser el último paso del proceso concursal. Los acreedores minoritarios saben que nada podrán decidir ante los votos Caixanova y Hacienda, pero sí podrán impugnar el resultado del concurso a la Audiencia Provincial si no están de acuerdo con la resolución final (la quita y la espera).