El senador que denuncia la corrupción en la RFEF cree que hay claros indicios de enriquecimiento irregular de su presidente y exige al CSD que actúe contra él
29 oct 2008 . Actualizado a las 02:17 h.Pere Sampol, senador del Bloc per Mallorca i PSM-Verds, reclama la suspensión cautelar de Ángel Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jaime Lissavetzky, ante el cúmulo de irregularidades detectadas
-¿En qué documentación basa sus denuncias?
-En el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la RFEF de los ejercicios 2002-2003 que denuncia deficiencias legales en subvenciones del CSD y de la RFEF y en la construcción de la Ciudad Deportiva y también el control prácticamente inexistente del CSD sobre los fondos percibidos por la federación. También en la sentencia firme del Tribunal de Justicia de Madrid sobre irregularidades de la Ciudad del Fútbol. Y, ante todo, en un informe pericial de los peritos de la Agencia Tributaria de mayo del 2008 que denuncia pagos de comisiones en dinero negro a Villar y otros directivos, así como gastos de viajes y pagos por caja injustificados.
-¿Hay indicios de enriquecimiento ilícito del propio Ángel María Vilar?
-Los peritos hacen un análisis del incremento de patrimonio de cinco imputados. Castillón, Padrón, Espino, Borras y Villar. Concluyen que entre 1998 y 2003 estas cinco personas han tenido un incremento patrimonial proveniente en su mayoría de ingresos en efectivo de origen desconocido por valor de 2.355.832 euros. Villar en concreto habría recibido 68.109,73 euros.
-Ha pedido usted también la anulación del proceso electoral de la federación.
-Una orden ministerial exigía el sufragio libre y secreto porque el ministerio era consciente de que históricamente se habían celebrado elecciones con prácticas caciquiles, presionando a los 180 miembros de la asamblea general. La orden preveía un mecanismo de votación electrónica que el reglamento aprobado por la RFEF se salta a la torera.
-¿Qué responsabilidad tiene el Consejo Superior de Deportes en lo ocurrido?
-Mucha. Sobre el proceso electoral, ha tolerado que se infringiera la normativa electoral de una orden ministerial. Ni el CSD ni el secretario de Estado tienen autoridad para dejar que se infrinja una orden ministerial de rango superior. El CSD tendrá que explicar por qué no inició inmediatamente un expediente disciplinario contra el presidente de la federación.
-¿Y sobre lo que denuncia la Agencia Tributaria?
-Hay una causa abierta, fruto de una querella criminal, que está en fase de instrucción. Pero ante la gravedad de los hechos lo mÁs prudente por parte del CSD habría sido que el Comité de Disciplina Deportiva instruyera un expediente disciplinario y tomara las medidas cautelares previstas en el reglamento por falta muy grave de irregularidades económicas.
-¿Qué medidas serían?
-Reglamento en mano, la Ley del Deporte da pie a la suspensión cautelar y al nombramiento de una comisión gestora que dirigiría la federación y el proceso electoral hasta que hubiera sentencia firme o el Comité de Disciplina Deportiva emitiera una resolución definitiva.
-¿Cree que ha habido connivencia del poder político con los directivos de la federación para que no se investigue?
-Hay una connivencia del poder político y los directivos de la federación. El secretario de Estado y el CSD han pasado de impulsar una normativa garantista de los derechos de electores y elegibles de la RFEF a permitir la insumisión que ha hecho Villar. La connivencia del CSD es por omisión y acción, porque al parecer han dado por bueno un reglamento electoral que claramente infringe la orden ministerial. Sin duda alguna ha existido una connivencia para permitir la insumisión del presidente de la federación. Y en cuanto a las irregularidades que denuncian los peritos, lo más prudente sería evitar que tales gestores sigan tocando un solo euro de los recursos públicos.