La jueza que instruye la denuncia de la Fiscalía contra Manuel Ruiz de Lopera por un presunto delito societario en la gestión del Betis designó ayer a dos inspectores de Hacienda para analizar las cuentas del club. Fuentes del caso señalaron que los dos inspectores de Hacienda designados fueron citados hoy para jurar su cargo, en el que deberán llevar a cabo la prueba pericial acordada al comienzo de la instrucción y analizar la gestión económica del Betis en los últimos quince años, así como su relación con las empresas de Lopera Tegasa y Encadesa.
En su denuncia, presentada a instancias del grupo Béticos por el Villamarín en marzo pasado, la Fiscalía imputó a Lopera un delito societario por «descapitalizar el Betis en beneficio propio o de terceros» y «con abuso de su cargo como consejero delegado o administrador de hecho». El Juzgado de Instrucción n.º 6, al que correspondió la querella, solicitó en un primer momento a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía nombrar una empresa privada especializada en auditoría para analizar «la situación económica, financiera y patrimonial» del Betis, estudio cuya necesidad reiteró poco después en otro auto en respuesta a un recurso del fiscal.
Pero ahora la jueza considera suficiente el trabajo de los dos inspectores de Hacienda, que son los mismos que en marzo pasado habían sido designados como «unidad de apoyo» para la hipotética vertiente fiscal de las investigaciones. La defensa del máximo accionista del Betis recurrió el acto de juramento previsto para hoy, porque solicitan su derecho a nombrar un perito propio para participar en las investigaciones junto a los expertos judiciales.
La Fiscalía imputa a Lopera actuar «con abuso de las funciones de su cargo y en beneficio propio o de un tercero» y contraer obligaciones «en perjuicio de la entidad a la que representa o de sus socios». Con ello «llegó a producir una descapitalización del Betis a través de la entidad Encaje del Deporte (Encadesa), que tiene atribuida la exclusividad de negociar, firmar, gestionar y cobrar todos los ingresos que se produzcan por la actividad del Real Betis».
Esta entidad «gestiona sin transparencia los fondos del club deportivo, beneficiándose así de la financiación de este», añadió la Fiscalía cuando informó de su querella. Además, afirmó que, conforme a los últimos estados de cuentas aprobados en los ejercicios económicos 2004-05 y 2005-06, el Betis «tiene pérdidas de más de 11 millones de euros y deudas con la Hacienda Pública que ascienden en la temporada 2007-08 a 8,29 millones de euros».
Lopera reveló ayer que cuenta con una tercera oferta por el paquete mayoritario de acciones del Betis, que procede de «un grupo inglés». Lopera también estudia los ofrecimientos del empresario sevillano Luis Castel y de un grupo de inversores que lo mantendrían al frente de la entidad.