El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha concedido al Ayuntamiento de Las Rozas un plazo de 30 días para recuperar la propiedad de la finca de 120.000 metros cuadrados que el Gobierno local del PP donó de forma ilegal en 1998 a la Real Federación Española de Fútbol para construir la ciudad deportiva.
Según fuentes socialistas, el auto, emitido el pasado 9 de octubre, responde a la solicitud efectuada por el PSOE local al TSJM para que adoptara medidas que obligaran al ayuntamiento a ejecutar la sentencia firme que dictó en noviembre del 2006 el Tribunal Supremo.
En ella, el alto tribunal reconoció la ilegalidad de la donación de los terrenos, desestimó los recursos presentados por el Ayuntamiento y por la Real Federación de Fútbol y confirmó la titularidad municipal del suelo y de las instalaciones y edificios construidos posteriormente por la entidad deportiva.
La cesión fue aprobada por el ejecutivo local del alcalde Bonifacio de Santiago (PP) en un pleno municipal celebrado en 1998, con los votos en contra del PSOE e IU.
Ambos partidos denunciaron que la operación era contraria a la ley porque los terrenos estaban calificados en el plan de urbanismo como bienes demaniales (de dominio público), lo cual impedía su donación a una entidad privada como la RFEF, cuya actividad no está orientada al uso y servicio de los vecinos.
Sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaron en el 2004 la versión de los grupos de la oposición y advirtieron que la parcela, los recintos deportivos y los inmuebles de la ciudad deportiva debían volver a manos municipales.
El ayuntamiento y la RFEF apelaron, pero el Tribunal Supremo desestimó los recursos y confirmó la decisión del TSJM.
El nuevo auto del tribunal madrileño, hecho público por el PSOE, habilita al grupo municipal socialista a inscribir en el registro de la propiedad de Las Rozas la sentencia firme del Tribunal Supremo en la que confirmó la anulación de la donación y devolvió la titularidad del suelo al ayuntamiento.
Requerimiento
Asimismo, requiere a la RFEF para que «se abstenga de otorgar a terceros contrato alguno o cualquier otro acto de gravamen que introduzca el uso, posesión o disfrute de la finca».
También le prohíbe consentir «el uso privativo por terceros de las instalaciones» y la insta a «resolver o suspender cuantos contratos civiles o mercantiles de arrendamiento, cesión de uso o de otra naturaleza» haya otorgado con terceros para el uso de las fincas que le regaló el consistorio.
El PP afirma que «la vía jurisdiccional aún no está agotada, como evidencia que en la actualidad está pendiente de resolución un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, precisamente el referido al estudio de detalle, y otros tres de amparo ante el Tribunal Constitucional».
«Existe un recurso admitido por el Tribunal Supremo, cuya resolución, fundamental para todo este asunto, ha de esperarse. El más elemental criterio de prudencia aconseja esperar el resultado de otros recursos, que pueden afectar en cadena a todo lo demás», señaló el portavoz del PP, Joaquín Revuelta.