Nuevo capítulo en la guerra abierta entre el Concello de Fisterra y la Xunta por el desarrollo urbanístico de la Anchoa. La última batalla se libró este mismo mes en la Sala de lo Contencioso número 4 de A Coruña y la ganó la Xunta, que pedía que se declarase nula la licencia otorgada en abril del 2005 a la promotora Ele Tres para levantar un inmueble de unas 30 viviendas en la Anchoa.
La jueza da la razón a la Xunta y no atiende a las razones planteadas por los representantes jurídicos del Concello de Fisterra.
Desde Urbanismo entendían que había que revisar las licencias concedidas a varios edificios que, a juicio del departamento de Política Territorial, incurrían en infracciones urbanísticas muy graves. En total, unos 400 pisos de una decena de promotores, entre ellos Ele Tres. Mantiene la Xunta, reza la sentencia «que el terreno carecía al tiempo del otorgamiento de la licencia de la condición de suelo urbano a pesar de que esta fuera la calificación que le daban las normas subsidiarias del municipio, aparte de la existencia de otra serie de infracciones en materia de edificabilidad, alturas, retranqueos, etcétera», pidiendo por ello la nulidad de la licencia.
Desde el Ayuntamiento argumentaron que la demanda de la Xunta era extemporánea, ya que tuvieron acceso al expediente pero solo pidieron la revisión de las licencias un año y medio después, sin embargo, la jueza se remite a otra sentencia del TSXG sobre hechos similares en la que queda claro que la Xunta sí tiene derecho para pedir tal revisión. El Ayuntamiento alegó también falta de legitimación de la Administración Autonómica y la ausencia de habilitación legal del director general de Urbanismo para llevar a cabo el proceso, argumentos rechazados por la jueza.
El saneamiento
Más allá de las cuestiones de forma, la jueza acude al fondo del asunto: determinar si la parcela en cuestión cumplía o no con las condiciones para ser considerada suelo urbano consolidado, característica necesaria para que pudiera hacerse acreedor de una licencia municipal para edificar.
«La prueba documental practicada por informe del arquitecto técnico municipal constata que la parcela de referencia, a fecha de otorgamiento de licencia, disponía de red de abastecimiento de agua potable, acceso público rodado, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, así como servicio telefónico, aunque no del encintado de aceras. Si embargo, en este informe se omite la necesaria especificación y cita en cuanto al servicio y red de saneamiento», dice la sentencia.
Según el texto, «la ausencia de referencia es significativa, pues la exigencia de este servicio para una clasificación como suelo urbano consolidado no podría entenderse resuelta con la existencia de un proyecto de saneamiento integral de la zona, aprobado en el 2002», plan cuya ejecución no se había completado. «Es claro que no disponía de red de saneamiento», dice.
Basta la falta de saneamiento, reza el texto legal, para denegar la condición de suelo urbano consolidado. «Los terrenos sobre los que se asienta la edificación no pueden ser incluidos en la categoría de suelo urbano consolidado, ya que las actuaciones pendientes de realizar en ellos rebasan ampliamente las meras obras accesorias o de escasa entidad que pueden ejecutarse simultáneamente con las obras de edificación», dice la sentencia.
Infracción grave
La jueza considera que se trata de un caso de «infracción urbanística grave» y afirma que el Ayuntamiento debió haber seguido el mandato de la Xunta «y proceder a la revisión de la licencia otorgada el 28 de abril del 2005, ya que su contenido constituía manifiestamente una infracción urbanística grave, por lo que procede ahora declarar su nulidad».
El inmueble, que no está finalizado, no tiene orden de paralización alguna y el promotor puede continuar con las obras si quiere hacerlo. De hecho, actualmente los jueces han anulado todas las paralizaciones cautelares decretadas en su día, aunque muchas promociones están paradas como consecuencia de la crisis que afecta al sector inmobiliario.