Vilanova renuncia al servicio de drogodependencias para ahorrarse 5.000 euros anuales

AROUSA

El SPAD de Vilagarcía presta atención a usuarios vilanoveses pese a ser ignorado por el Concello de Durán

14 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El Concello de Vilanova ha seguido, con respecto a los programas del Servizo Preventivo e Asistencial de Drogodependencias (SPAD) de Vilagarcía, un camino inverso al del resto de municipios arousanos. Mientras ayuntamientos como A Illa, Portas, Caldas, Ribadumia, Meis y Cambados se han ido adhiriendo paulatinamente a la cooperación con el organismo vilagarciano, el feudo del conservador Gonzalo Durán se desvinculó completamente del mismo tras firmar los convenios del 2000 y el 2001. La única explicación aportada para justificar semejante decisión -al margen de las dudas que, al parecer, le merece el servicio al alcalde, Gonzalo Durán, tal y como él mismo apuntó en su día en un pleno- radica en las dificultades, crónicas, por otra parte, que atraviesan las arcas municipales.

Muy mal tienen que estar las finanzas vilanovesas para verse forzadas a renunciar a los programas de prevención de drogodependencias y promoción de hábitos saludables. Sobre todo, porque el ahorro al que se apela es francamente corto. Apenas 5.000 euros le hubiese costado al Ayuntamiento que gobierna Durán sumarse el año pasado a las actividades del SPAD.

Esto, por lo que se refiere a la vertiente puramente preventiva de su labor. Porque en cuanto al suministro de metadona y a la atención médica y psicológica de los denominados drogodependientes, el servicio vilagarciano sigue dando cobertura a usuarios procedentes de Vilanova aun cuando el Concello vilanovés no ponga un duro para ello. La situación, en cualquier caso, no es nueva. Lleva sucediendo lo mismo los últimos ocho años.

El principio de contención en el gasto que el gobierno de Durán Hermida aplica en el caso del SPAD no reza con la mista intensidad en otros capítulos del presupuesto municipal. A finales del año pasado, por ejemplo, el propio alcalde se fijó un salario anual de 59.900 euros brutos, el segundo más alto de cuantos perciben los regidores de la comarca. Colaborar con el SPAD solo costaría al Concello la cifra equivalente al salario de un mes de su primer munícipe.