La Eurocámara exige a Francia que suspenda las deportaciones de gitanos
INTERNACIONAL
París advierte de que hará caso omiso del mandato, que se aprobó sin los votos del Partido Popular
10 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Las deportaciones en masa de gitanos rumanos y búlgaros decretadas por el Gobierno de Nicolas Sarkozy no solo violan las más elementales normas sobre las que se fundamenta la construcción europea y los derechos civiles de sus ciudadanos. También constituyen una peligrosa justificación de las actitudes xenófobas y un apoyo a los partidos y grupos que basan su ideario en la discriminación y el odio racial.
Así lo entendió ayer el pleno del Parlamento Europeo, que aprobó en Estrasburgo una durísima declaración en la que exige a Francia que suspenda de inmediato todas las expulsiones de gitanos, instando a sus autoridades a que rechacen expresamente «cualquier declaración que vincule a las minorías y a los inmigrantes con la delincuencia y cree estereotipos discriminatorios».
A favor del texto (337 votos) se pronunciaron socialistas, liberales, izquierda y verdes. Se abstuvieron (51 sufragios) o votaron en contra (245) la mayoría de los diputados del Partido Popular Europeo, incluidos los españoles. Ese grupo, al que pertenece el partido de Sarkozy, presentó su propia moción, que fue rechazada pese al apoyo de los diputados euroescépticos más conservadores, y que, sin citar la situación en Francia, abogaba por elaborar un plan europeo para el colectivo gitano,
La resolución que sí salió adelante condena «la retórica incendiaria y abiertamente discriminatoria que ha caracterizado al discurso político durante las repatriaciones de personas gitanas», que, a juicio del pleno «ha conferido cierta credibilidad a las declaraciones racistas y las acciones perpetradas por grupos de extrema derecha».
Huellas dactilares
El texto recuerda que la toma de huellas dactilares de las personas gitanas expulsadas de Francia es ilegal y contraria a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, vigente y de obligado cumplimiento para ese país con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
También añade que las leyes de la UE prohíben que ningún ciudadano europeo sea expulsado de un país por carecer de recursos económicos, y, sobre todo, subraya que cualquier Estado miembro que se vea obligado a limitar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos comunitarios, por motivos de seguridad u orden público, solo puede hacerlo «basándose en la conducta personal del interesado, y no en consideraciones generales de prevención ni en el origen étnico o nacional» de los afectados.
Rechazo en París
El Gobierno francés respondió ayer por boca del ministro de Inmigración, Eric Besson, quien advirtió de que el Ejecutivo galo no hará caso a la Eurocámara. «Está descartado que Francia suspenda las reconducciones a los países de origen, ya sea de rumanos, búlgaros u otros ciudadanos», afirmó Besson, de visita precisamente en Bucarest, la capital de Rumanía.
Eric Besson también defendió que los procedimientos de expulsión se ajustan «escrupulosamente» al derecho europeo, a las leyes francesas y a las decisiones de los jueces. También aseguró que el Europarlamento se ha excedido en sus prerrogativas. «Nosotros no tenemos que someternos a ese dictado político. No vamos a cambiar nuestra hoja de ruta», declaró.
Aseguró que todas las expulsiones son tratadas caso por caso. «Lo único colectivo son los vuelos», declaró.