La ministra de Defensa, Carme Chacón, no intercederá a favor de Jorge Gago Chao, el cabo de la Armada que advirtió del peligro de la caldera de la fragata Extremadura , que puede ser condenado esta semana a tres meses de prisión en Alcalá Meco. La caldera del buque estalló y mató en el acto a dos marinos el 19 de diciembre del 2005 cuando la nave estaba atracada en el Arsenal de Ferrol.
El militar declaró ayer en el Arsenal de Ferrol por el expediente que le abrió el almirantazgo de la Flota, a causa de sus manifestaciones a los medios informativos, en las que explicaba su versión de lo sucedido en la fragata. Los abogados de Gago y su familia son pesimistas y temen que sea arrestado. El almirantazgo lo acusa de violar el artículo 15 del reglamento disciplinario de las Fuerzas Armadas, lo que puede acarrearle una sanción de mes y medio a tres meses de arresto, en su domicilio o en la cárcel de Alcalá Meco.
El oficial instructor del procedimiento informó al cabo de que tomará una resolución en un plazo de cinco días.
La madre del marino, María de los Ángeles Chao, remitió el pasado 4 de junio una carta a la ministra de Defensa, Carme Chacón. La misiva recuerda que el militar ha servido quince años en la Armada con méritos distinguidos, incluyendo dos medallas al mérito naval; que advirtió en reiteradas ocasiones del peligro de que se produjese una explosión en la Extremadura, y que su actuación en las horas siguientes al suceso le valió varias felicitaciones por escrito de sus superiores.
Súplica a la ministra
La carta suplica a Chacón que haga todo lo posible para que se esclarezcan las «posibles negligencias que motivaron la explosión que causó la muerte de esos dos chicos», y le ruega que ordene la retirada del «inmerecido» expediente que pesa sobre su hijo, un «buen militar cuyo único delito es mantener la verdad con honor, dignidad y gallardía». Finalmente, «como madre de siete hijos», Chao felicita en su carta a la titular de Defensa por su reciente maternidad y le desea que «nunca pase por este infierno que estoy sufriendo yo por el tema de mi hijo, también padre de familia».
La ministra no contestó en persona. La respuesta llegó ayer a la casa de los padres del cabo, ubicada en el barrio ferrolano de Caranza, firmada por un subdirector de Recursos e Información Administrativa de Defensa. El oficio ministerial sostiene que el expediente no puede ser «retirado», ya que el régimen disciplinario de las fuerzas Armadas afirma que «el procedimiento ha de finalizar mediante una resolución dictada por la autoridad con competencia sancionadora», y también señala que esa misma ley «garantiza el derecho de defensa de su hijo».
En cuanto a la súplica para que se investiguen las «posibles negligencias», el ministerio se limita a señalar que «el Juzgado Militar Territorial número 41 (de A Coruña) incoa diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos que motivaron la explosión acaecida en la Extremadura», y que será «en el seno de ese procedimiento judicial donde se resolverá, en su caso, su solicitud de que se esclarezcan las posibles negligencias».