De no haberse privatizado, la AP-9, que recorre y conecta todo el eje atlántico gallego, habría quedado pagada este mismo año. Ésta es una de las afirmaciones que se escucharon ayer en el aula social de Caixa Galicia durante el debate de apertura de las jornadas sobre transporte que organiza la Federación Veciñal Eduardo Chao. Así, la investigadora María José Caride, del departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, explicó que los estudios realizados sobre la evolución del tráfico en la autopista permiten afirmar que «las cargas financieras para la empresa habrían acabado este mismo año». De este modo, de no haberse producido la privatización y el aumento de la concesión de la AP-9 hasta el año 2048, la infraestructura podría pasar a manos del Estado. De ahí que la profesora Caride no le acabe de encontrar el sentido a la decisión tomada, toda vez que incluso los réditos que obtuvo el Estado con la operación fueron exiguos: «Sólo el valor de Audasa (concesionaria de la AP-9) excede lo que se pagó por toda la Empresa Nacional de Autopistas (ENA, en la que está integrada Audasa)», afirma.