Finalmente el Bloque se ha decantado. El grupo municipal nacionalista ha decidido rechazar el proyecto del reglamento del pleno impulsado por el alcalde vigués para impedir el acceso de determinados vecinos a las sesiones para evitar incidentes. Esta decisión inclina definitivamente la balanza una vez que el PP había dejado claro que tampoco estaba por la labor.
Ante este revés la decisión de los socialistas ha sido congelar las reuniones de la comisión que estudiaba la reforma del reglamento hasta después de las elecciones. Previsiblemente este parón será definitivo vista la falta de acuerdo en el tema que principalmente había motivado su revisión.
El artículo que ha generado la polémica, el número 67 del proyecto de reglamento, preveía que el alcalde pudiera ordenar la expulsión del salón de plenos «dos cidadáns que perturbaran a orde se, requeridos para desistir da súa actitude, a desobedeceran», algo con lo que están de acuerdo los tres grupos políticos. La discrepancia se producía en la coletilla final: «Se a expulsión se concreta en persoa que o fora nos doce meses anteriores a medida conlevará a prohibición de asistir as tres próximas sesións plenarias».
Aplazamiento
A fin de ultimar el polémico reglamento se constituyó una comisión integrada por un concejal de cada partido y que ha celebrado varias reuniones en los últimos meses. María Méndez por el Bloque, Jorge Conde por el PP y Carlos López Font en representación de los socialistas intentaron un acuerdo que se ha revelado imposible antes incluso de abordar el artículo 67. En los cuatro o cinco encuentros celebrados no llegaron a debatir este asunto, pero quedó en evidencia la dificultad de llegar a un consenso. Junto al veto a los vecinos que interrumpieran las sesiones el PP dejó claro que no iba a apoyar el mantenimiento del gallego como el único idioma oficial en el Concello. En sintonía con el apoyo de los populares a Galicia Bilingue reclaman el derecho de sus concejales a expresarse en la lengua que consideren más adecuado.
Este asunto se dejó aparcado para el final a fin de seguir con el resto del articulado. Sin embargo, el previsible choque con la prohibición de acceso a los vecinos expulsados llevó al alcalde a congelar los trabajos de la comisión para no generar una nueva polémica en vísperas de las elecciones autonómicas.
Traca final
La última sesión de la comisión tuvo lugar hace diez días coincidiendo con la tortuosa renovación del convenio del Celta. A la hora fijada acudieron todos sus miembros pero el alcalde llamó por teléfono a Font y durante 90 minutos estuvieron pendientes de su reincoporación. Cuando se produjo, el portavoz socialista anunció que se suspendía hasta después del 1-M aunque es posible que sea para siempre.