Vigo contará con diez inspectores urbanísticos que velarán por la legalidad

Efe

VIGO CIUDAD

Caballero asegura que ya ha llegado al Concello el aparato para inspeccionar el ruido acústico de los vehículos y que pronto se comenzará a sancionar.

03 jul 2008 . Actualizado a las 20:10 h.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo aprobó hoy un plan de inspección urbanística que contará con diez inspectores que velarán porque se cumpla la legalidad en esa materia, informó hoy el alcalde, Abel Caballero. Caballero explicó en conferencia de prensa que esos diez inspectores vigilarán el litoral, las zonas verdad y cualquier actuación urbanística ilegal, realizando un seguimiento y control desde su tramitación y resolución hasta la clausura del expediente.

La idea, señaló Caballero, es buscar la «máxima eficacia» de esos diez inspectores urbanísticos que ya trabajan en el edificio de la Gerencia de Urbanismo. «La época en la que no se ejecutaban las sanciones terminó», aseguró Caballero, al tiempo que indicó que, a partir de ahora, las inspecciones se harán sin necesidad de denuncia previa.

También se llevará a cabo un seguimiento de licencias otorgadas ya por el ayuntamiento vigués para comprobar que todos los trabajos se ajustan a derecho. Según Caballero, existen unos 7.000 expedientes abiertos de ilegalidades urbanísticos desde el año 2000.

Ruido

Por otra parte, el regidor vigués informó de que dentro de unos diez días se pondrá en marcha un aparato para inspeccionar el ruido acústico de los vehículos en Vigo. Las sanciones para cualquier tipo de ruido ya sea de vehículo o de establecimiento son de hasta 750 euros si éstas son leves; por infracciones graves multas de entre 751 euros hasta 1.500 euros con precintado del emisor o del vehículo, clausura temporal del establecimiento o paralización de la actividad por un espacio de tiempo no superior a seis meses. En infracciones muy graves, la multa será de entre 1.501 euros hasta 3.000 euros, con el precintado del emisor o del vehículo, clausura temporal del establecimiento o paralización de la actividad por espacio superior a seis meses o con carácter definitivo.