El abogado de Jacobo Piñeiro había solicitado la autorización para que su defendido compareciese en Cangas, localidad donde reside, en lugar de en Vigo.
Los arrestados utilizaban campañas de publicidad, principalmente en prensa escrita, para explotar sexualmente a más de 350 mujeres con lo que obtenían beneficios que superan los 700.000 euros mensuales.