Las alegaciones suscitaron hondas discrepancias entre los populares y los socialistas
11 ago 2010 . Actualizado a las 02:00 h.«¿Que ten de malo agosto?», preguntó ayer el alcalde en el pleno en el que se aprobaron definitivamente los presupuestos por un importe de 105 millones de euros. Pese a la interrogante del regidor, es la primera vez que se celebra una sesión plenaria casi a mediados del mes vacacional. Aunque sí se desarrollaron, como el mismo Bugallo recordó, sesiones de la Xunta de Goberno. Muchos asientos de la oposición, incluido el de su portavoz Gerardo Conde, estuvieron vacíos y muy pocos del gobierno municipal.
El grupo popular, sin embargo, cree que la convocatoria plenaria en estas fechas ha sido una manera más de aminorar la transparencia y los ecos del debate presupuestario. «Pretenden que esta aprobación entre por la puerta de atrás, sin que los compostelanos, la mayoría de vacaciones, se enteren de lo que realmente pasa con las cuentas municipales», indicó Cecilia Sierra, quien criticó igualmente el retraso de su aprobación a la mitad del ejercicio y recalcó que es una constatación «de la grave situación de gestión económica que atraviesa el grupo de gobierno, que no puede más que calificarse de caos total en las cuentas municipales».
La ponente socialista, Rosa Fernández Somoza, explicó que el grupo de gobierno había estado tomando decisiones en los primeros meses del año para configurar unos presupuestos más ajustados, dado el recorte exigible y las dificultades existentes que a otras administraciones les han obligado a realizar modificaciones. Subrayó que ni la actividad ni los servicios del Concello se vieron paralizados. Por otra parte, indicó que el plazo de presentación de las alegaciones finalizó el 30 de julio y continuó el proceso en agosto para su aprobación.
Una de las alegaciones rechazadas, presentada por la CIG, refleja un «incumplimiento» del acuerdo regulador del convenio colectivo del personal (2009-2012). El presupuesto, según el sindicato, se ha olvidado de consignar dotaciones para las nuevas sedes de los servicios administrativos, policía local y parques y jardines. «El grupo de gobierno ha vendido humo», concluyó Cecilia Sierra, quien mostró su temor a que si este asunto llegase a los tribunales podría acabar en nulidad parcial del presupuesto.