El alcalde iniciará acciones contra el edil popular al no retractarse sobre el tema del Registro
27 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Una tormenta política removió ayer los cimientos de Raxoi. El caso de las facturas de Incolsa acabará definitivamente en los juzgados, y por partida doble. Así lo anunciaban tanto Conde Roa como el alcalde, y eso antes de escuchar las explicaciones que el edil de Turismo, Xosé Manuel Iglesias (BNG), daría minutos después en el pleno a raíz de la remisión de esas facturas a la Dirección Xeral de Turismo cuando la anterior Xunta estaba en funciones y sin que existiese un convenio para su financiación por parte de la Administración autonómica.
Las acusaciones de anteayer del popular Ángel Espadas sobre una supuesta manipulación en el Registro del Concello, en teoría para dar prioridad a la petición de comparecencia ante el pleno del propio Iglesias sobre la que presentó el PP, no solo avivaron la polémica de las últimas semanas, sino que caldearon el ya tormentoso ambiente político en Raxoi hasta derivar en una situación insólita en la corporación: la expulsión del pleno del jefe opositor, quien lo abandonó escoltado por la policía y acompañado de su grupo.
La expulsión llegó en el arranque de la sesión, después de un rifirrafe entre Sánchez Bugallo y Conde Roa cuando este último formuló una cuestión de orden sobre las solicitudes de comparecencia. El popular insistió reiteradamente en manifestar su parecer sobre las explicaciones del alcalde cuando este ya le había retirado la palabra y a la tercera advertencia Bugallo decidió echarlo. «No me voy, salvo que me saque la policía», fue su respuesta, a lo que el alcalde solicitó a los agentes que estaban ante la sala que lo acompañasen fuera.
La tarde ya había comenzado más que tensa en Raxoi. Una hora antes del pleno, el PP al completo (dos ediles justificaron su ausencia) comparecía en rueda de prensa para anunciar que llevaría el caso Incolsa al juzgado. Ya no esperó ni a escuchar a Iglesias. Era su respuesta al escrito que la tarde anterior le había remitido el alcalde a Espadas dándole 24 horas para retractarse de sus declaraciones sobre la supuesta manipulación del Registro. «En caso contrario -advertía el regidor- exercitaranse as accións xudiciais que me asistan en defensa desta institución, as súas autoridades e funcionarios».
El PP no solo respaldó a Espadas, sino que dijo asumir sus declaraciones y que no habría rectificación, «así que si Bugallo quiere tendrá que querellarse contra todos», y anunció además su decisión de acudir a la Justicia «en defensa de los intereses públicos» por el caso Incolsa. Conde Roa se refirió a Iglesias como «un corsario que se cree que el presupuesto de las Administraciones públicas está para ser asaltado con patente de corso y navegar por el código penal con patente de corso», una patente que «le da el alcalde con su amparo». Dijo no «admitir amenazas» y que Bugallo e Iglesias «tendrán la oportunidad que tanto tiempo llevan buscando, de que expliquen ante un tribunal las fechorías que han cometido en Incolsa».
«Falsa imputación»
El alcalde manifestaba antes del pleno que nunca dudó de que el PP acabaría judicializando un caso que hasta el momento solo había ««escenificado para os medios» y reiteró su advertencia a Espadas «porque fai unha falsa imputación dun delicto, e iso é un delicto». Dice que con su misiva le ha dado la ocasión de rectificar y que, si no lo hace, hoy mismo iniciará el procedimiento de denuncia, primero con la convocatoria de un acto de conciliación, «e xa non só pediremos unha rectificación, senón disculpas públicas». El procedimiento será solo contra Espadas, porque «a responsabilidade é persoal, non colectiva», y porque, sostiene Bugallo, Conde Roa tiene «inmunidade» por su condición de diputado «e lle gustaría enredalo todo».