Aduce que el caso ya está en manos de la Fiscalía, pero el PP pide responsabilidades políticas
29 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El PP llevará el caso del polígono B del suelo urbanizable no programado número 6 de San Lázaro a la Fiscalía, después de que el gobierno rechazase crear la comisión de investigación que pedían los populares por la demora municipal en la reclamación del pago de 1,5 millones que la junta de compensación de ese ámbito tenía que abonar al Concello por gastos de urbanización. El propio alcalde lo invitó a hacerlo, «e mañá mesmo», tras un duro debate plenario en el que tampoco salió adelante la iniciativa de la oposición para que otra comisión investigase el proceso de adjudicación de la obra de mejora del polideportivo del colegio Quiroga Palacios, después de detectarse que se «alteró» un cedé con documentación sobre una oferta. El caso está en manos de la Fiscalía por iniciativa del alcalde, cuestión que adujeron para rechazar esa petición, aunque el PP reclama también responsabilidades políticas.
En el caso de San Lázaro, el PP reiteró que no es creíble la teoría del «error» en una demora de ocho años, y más cuando la reclamación no se activó hasta que su grupo se interesó por el caso. «Estamos convencidos de que aquí hay algo más que un despiste», dijo Conde Roa, antes de cerrar su intervención advirtiendo que si no se creaba esa comisión acudiría a la Fiscalía. «O comisión de investigación o Fiscalía anticorrupción», espetó el líder popular después de manifestar no solo su convencimiento de que el alcalde «no tuviese ningún conocimiento de la situación», sino su creencia también de «que existió una actuación que en cierto modo exige cierta concertación por parte del Ayuntamiento y de la junta de compensación».
El portavoz opositor aludió a actas de la junta de compensación en las que el representante municipal «manifestaba que, en caso de no cobrarse, esas cargas pasarían a los adquirientes de las viviendas», con lo que, «en el caso de que la deuda prescribiese, como estaba a punto, o no fuese cobrada por la existencia de una hipotética connivencia, los responsables hubieran sido los compradores de las viviendas». Ante esto, el alcalde expuso que el popular estaba cayendo en una «contradicción», porque esa deuda «non prescribe e ademais está comprometida e se está pagando».
Pero la réplica de Bugallo llegaría más tarde. La portavoz socialista en este caso fue la edila de Urbanismo, aunque no fue a ella a quien le exigió explicaciones Conde Roa, sino al regidor, porque «es este señor quien tiene que darlas, quien está en el origen y él es quien no quería cobrarle porque existía la posibilidad de que prescribiese, de ahí que se le pasase la carga a los compradores».
Al edil le «da que pensar», además, «la escapada del alcalde en un momento crítico, como el de la recepción de la obra». Se refería Conde a que Bugallo no presidió la Xunta de Goberno que dio el visto bueno a ese trámite, aunque también apuntó que inicialmente este suelo preveía un aprovechamiento residencial residual, que se aumentó «cuando el concurso dotacional quedó vacío». «En ese momento -dijo- entra en la alcaldía Bugallo y se dan compras masivas de suelo por parte de una promotora».
El regidor lo corrigió en ese punto. «Cando accedo á alcaldía, esa operación xa estaba lanzada», aunque a él sí le «tocó completarla», añadió.