La proliferación de normas y los continuos cambios en la legislación están sumiendo a los municipios pontevedreses en un mar de dudas que frenan los grandes desarrollos urbanísticos y agravan la crisis del ladrillo. Es la tesis sostenida ayer por los responsables de la Diputación en una rueda de prensa para hacer balance de la oficina creada para asesorar a los municipios en esta materia.
«Hay una paralización global de los grandes planes», señaló Encarna Rivas, directora de la oficina. De acuerdo con los datos que ofreció, ningún ayuntamiento pontevedrés tiene en estos momentos su planeamiento adaptado a la ley 9/2002, algo que hasta ahora han conseguido 22 municipios en Galicia. En el panorama provincial hay aún concellos que no tienen «ninguna figura de planeamiento». Otros, sin embargo, lo tienen aprobado al amparo de la ley del suelo de 1956, conforme al texto refundido de 1976, a la normativa de 1985 o al texto refundido de 1992.
Rivas señaló que a veces se ve con una mesa de tres metros de largo llena de leyes que modifican una a la otra o se aplican parcialmente. Esta «cascada» de normas hace que los alcaldes no sepan muy bien qué hacer. «La preocupación fundamental de los concellos es [saber] cuál es el régimen transitorio de aplicación», indicó.
Vacío legal
En esta misma línea se expresó el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, quien habló de una situación de «vacío legal» y de la existencia de normas que «se solapan» unas a otras. Louzán destacó que la entrada en funcionamiento de la Oficina de Urbanismo de la Diputación ayuda especialmente a los concellos que no disponen de medios y de técnicos, y recordó que a veces los ayuntamientos tienen que conformarse con un aparejador un día a la semana.
También dijo que la oficina contribuye a dar seguridad a ciudadanos y promotores. El dirigente provincial señaló que la Diputación puede cumplir un papel como «instancia de referencia» en un momento en que los servicios de la Xunta están «atascados». Abogó asimismo por tener equipos amplios en la Administración Autonómica que desbloqueen la actual situación y faciliten los trámites.
Rivas y Louzán mostraron, sin embargo, sus diferencias sobre las normas del hábitat, repudiadas por el PP hace una semana en el pleno provincial y defendidas en lo sustancial por la directora de la oficina.
En su condición de arquitecta, Rivas dijo que las normas mejoran la calidad de vida y ambiental, como ocurre con la ampliación de los patios y que no tienen por qué representar un encarecimiento. No obstante, apuntó que hay algunos aspectos «folclórico-festivos que no inciden para nada».
La denuncia de la situación del planeamiento por parte de la Diputación coincide con la celebración la próxima semana de unas jornadas de urbanismo para abordar el problema. Ayer, había ya 52 técnicos y expertos inscritos.