El gobierno local considera que esta instalación no puede derribarse, pese a la sentencia del 2003 que la declaró ilegal
16 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El gobierno local de Ourense no tiene intención de clausurar la estación depuradora de Reza. Según un portavoz municipal, la sentencia del Tribunal Superior de Galicia notificada el pasado 31 de enero, que desestimó un recurso del Concello en contra de otra resolución judicial del 4 de marzo del 2010 en la que se concedía una prórroga de diez meses para ejecutar la sentencia del 2003 que había declarado la ilegalidad de esta instalación pública, carece de efectos prácticos. La depuradora, pues, seguirá en su sitio, al margen de que los vecinos que han ganado el pleito vuelvan a reclamar que se cumpla la sentencia, lo cual obligaría a clausurarla y derribarla.
El gobierno municipal considera que no es posible prescindir de la depuradora, pues, de hacerlo, se crearía un conflicto de más envergadura. Si el Concello de Ourense no depurase sus aguas residuales y vertiese directamente al río podría estar cometiendo un delito ecológico. El mismo portavoz indica que la administración local está cumpliendo plenamente sus obligaciones, al dar cuenta al Juzgado de lo contencioso de los pasos que se están dando para la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales.
Desde la Confederación Hidrográfica explican, por otro lado, que ahora mismo aún se está tramitando la declaración de impacto ambiental para el proyecto de nueva depuradora, muy cerca de la actual, también rechazada por los vecinos. Precisan desde este organismo que mientras no se complete ese trámite no es técnicamente posible contestar a las alegaciones de los afectados contra el anteproyecto de la instalación.
Pendientes de Madrid
La nueva depuradora, que precisa de una inversión de unos sesenta millones de euros, no podrá estar en funcionamiento antes de cinco años, según las estimaciones de plazos que manejan en la Confederación Hidrográfica. Contando con que será una construcción de características similares a la que está en servicio en Lugo, solo para la ejecución de las obras harán falta cuatro años. Previamente, será preciso completar el proceso administrativo, con la licitación definitiva del proyecto y las obras. De todos modos, todo está actualmente condicionado a que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la administración central informe y apruebe la declaración de impacto ambiental.