El procedimiento contencioso-administrativo abierto por la empresa Afiador Produccións, frustrada adjudicataria de un contrato millonario auspiciado por el sector nacionalista del bipartito ourensano, sigue adelante. El Concello de Ourense ha sufrido su primer revés. El juez, en contra de la tesis defendida por la administración local, que proponía la inadmisión a trámite del recurso, ha decidido que el procedimiento siga adelante.
La resolución obliga al Concello de Ourense a entrar en el fondo del asunto y contestar a la demanda de la empresa, que reclama el cumplimiento del contrato firmado en su día con el ex teniente alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, o el pago de la indemnización que sitúan por encima de los cincuenta millones de euros.
El auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Ourense, notificado esta semana, rechaza los argumentos de tipo técnico que presentaba el letrado del Concello de Ourense. Indica el juez que el administrador de la empresa está legitimado para designar abogado y procurador, e igualmente afirma que puede presentar recurso judicial.
«Teniendo en cuenta que consta escrito en el que se reclamaba [al Concello de Ourense] el cumplimiento del contrato y el abono de daños y perjuicios, con entrada en la Concellería de Turismo, Comercio e Industria, en fecha 19 de febrero, y habiendo transcurrido el plazo de tres meses previstos legalmente, es obvio que la entidad recurrente puede formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración», dice el juez en su resolución.
En el recurso 243/2009 del juzgado de lo Contencioso número 2 de Ourense, que la empresa Afiador Produccións S.L. presentó contra el Concello de Ourense, por no haber atendido su reclamación, aparecen también personados a título individual los máximos responsables políticos de esta gestión: el ex teniente de alcalde Alexandre Sánchez Vidal, junto con la concejala nacionalista de turismo y comercio Ana Garza y su director general, David Cortón Lamelas.
Los tres representantes del BNG designaron como letrado a un profesional de su misma organización política, que ahora mismo es quien también representa los intereses del Concello de Ourense, según el acuerdo que tomó la junta de gobierno local el pasado mes de septiembre.