El fiscal pide 18 meses de cárcel para el exalcalde de Vigo, Manuel Pérez, por no denunciar a una trabajadora ilegal
VIGO CIUDAD
El Ministerio Público sostiene que Pérez, en su cargo como inspector de trabajo, no abrió un expediente a una asalariada que cobraba el paro porque ella lo denunció por supuesto acoso sexual
04 oct 2017 . Actualizado a las 19:34 h.El exalcalde de Vigo, Manuel Pérez, será juzgado el 31 de octubre en la Audiencia de Vigo acusado de un supuesto delito de abuso en las funciones públicas durante el ejercicio de su cargo como inspector de trabajo y seguridad social el 27 de abril del 2015, oficio del que ya está jubilado. La Fiscalía lo acusa de perdonar una denuncia a una trabajadora ilegal en una panadería de Vigo que inspeccionó después de que ella lo acusase de asediarla sexualmente en su despacho oficial. Pérez había descubierto que la asalariada no estaba dada de alta en la seguridad social pero cobraba el paro simultáneamente, lo que constituía una infracción, y la citó en su despacho para aclarar su expediente laboral. Tras la reunión, la mujer lo acusó de acoso, de hacerle invitaciones inadecuadas y de un tocamiento durante su visita a la oficina de la Inspección de Trabajo en las dependencias de la calle Cánovas del Castillo.
El exalcalde negó los hechos y asegura que confía en la Justicia porque las acusaciones son una «locura» y «fabulaciones» de una persona que no conocía hasta entonces. Mantiene que la denunciante quiso chantajearlo por el problema que la asalariada tenía con el cobro del paro. Pérez, que fue alcalde de Vigo a finales de los años 90 y diputado europeo, retomó su profesión como inspector de trabajo en el 2004.
La Fiscalía pide 18 meses de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta para su oficio. El Ministerio Público sostiene que, debido a que la mujer interpuso una denuncia por el supuesto acoso, el acusado se abstuvo de intervenir en el expediente incoado a raíz de la inspección llevada por él mismo en la panadería. El fiscal sostiene que su informe hubiese sido determinante respecto a una propuesta de sanción en relación a la trabajadora que compatibilizaba la prestación de desempleo con el trabajo por cuenta ajena en la empresa. La acusación pública no discute si hubo asedio o no a la trabajadora sino que acusa al inspector de trabajo de un abuso cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Fuentes de dicha panadería prefirieron no informar de lo sucedido y guardaron silencio.
El juicio se celebrará el 31 de octubre en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.