Seis imputados llevan ante la Audiencia sus objeciones a los pinchazos policiales
15 mar 2016 . Actualizado a las 10:02 h.La operación Patos pende de un debate sobre la legalidad de las escuchas que desencadenaron la investigación de medio centenar de empresarios, técnicos y políticos por parte del Juzgado de Instrucción número siete de Vigo. Después de que la jueza del caso rechazase los recursos de una quincena de imputados que cuestionaron que la intervención del teléfono del empresario sobre el que pivota la operación Patos hubiera seguido todos los cauces legales, es ahora el fiscal especial de delitos económicos el que batalla para conseguir que se permita realizar diversas pruebas para ratificar que los pinchazos se hicieron con todos los requisitos formales, como él mismo estima.
Juan Carlos Horro ha presentado como representante del ministerio público un recurso a la jueza del caso instándole a «eliminar calquera atisbo de dúbida» sobre la existencia del auto por el que el 30 de enero del 2013 se autorizó la intervención del teléfono móvil del empresario Enrique Alonso Pais, operación que permitió declarar como investigados a todos los demás implicados en la supuesta trama que la policía judicial estima que se generó alrededor de la adjudicación de obras en diversas instituciones públicas.
El recurso de la Fiscalía considera «una incorrección formal de suficiente trascendencia» que el auto de decretó de las escuchas no existiese en papel en la documentación de la causa hasta que se añadió este mismo año obteniéndose una copia del archivo informático de la aplicación informática interna del Juzgado. El fiscal estima que para eliminar cualquier duda sobre la existencia de la autorización de las escuchas que ponga en peligro el devenir de la causa se hace preciso fundamentar que la orden de intervención de los teléfonos está registrada en la aplicación informática; que no se alteraron dichas instrucciones y que la policía judicial tiene los mandatos de las intervenciones judiciales expedidos en su día por el juzgado.
En paralelo al recurso de la Fiscalía, seis de los imputados, entre ellos el empresario Alonso País, su empleado Jaime Alvariñas y el técnico municipal Álvaro Crespo, han apelado a la Audiencia provincial contra el auto de la jueza con el que rechazó el mes pasado declarar nulas las escuchas telefónicas, y dejar por tanto sin base prácticamente a toda la operación Patos.
Los escritos de apelación inciden en la supuesta falta de garantías en los derechos de los investigados al no existir desde el primer momento el escrito de autorización de las escuchas; que este careciese en su copia informática de la firma de la jueza, y que además la intervención del móvil no fuese visado por la Fiscalía.
El exalcalde de Nigrán Alberto Valverde tendrá que ir a declarar el 28 de abril
El juzgado de instrucción número 7 de Vigo ha señalado el 28 de abril a las 11.00 horas como la fecha definitiva para que el exalcalde de Nigrán, Alberto Valverde, comparezca ante la jueza y el fiscal para ser interrogado en calidad de investigado en la pieza separada de Nigrán. Valverde había sido exculpado por la instructora pero el fiscal se opuso y la Audiencia ordenó volverlo a incluir en el listado de personas investigadas porque su intervención en diversas adjudicaciones no está descartada.
El fiscal vincula al popular Valverde con las adjudicaciones de obras a Coysagran SL en las obras del puerto do Molle, praza da Carrasca, el pintado y señalización vial y la colocación de aceras en la playa de América.
La operación Patos arrancó en el 2014 precisamente en la playa nigranesa del mismo nombre. La UDEF destapó una supuesta trama en la que el constructor Enrique Alonso Pais, dueño de Eiriña, y la empresa Cespa tendieron una red de tráfico de influencias para lograr adjudicaciones mediante el amaño de los concursos públicos. Uno de los trucos consistía en traer a otros empresarios de acompañamiento que ofrecían menos dinero.
La policía halló una lista en un ordenador de Eiriña con órdenes para enviar regalos navideños a políticos y funcionarios de siete ayuntamientos de tres provincias, así como la Xunta, la Diputación de Pontevedra, y la Autoridad Portuaria de Vigo. En la lista figuran los concejales Ángel Rivas, Isaura Abelairas, David Regades y el propio alcalde Abel Caballero (por aceptar un reloj de lujo, algo que él niega).