La acusada agradece la compresión de los empresarios porque se libró de la cárcel
15 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La activista Carmen Otero, que colaboró con otras personas a lanzar dos cócteles molotov contra el Club Financiero Vigo en el 2012, y el entonces director del foro empresarial, Jesús Bahíllo, sellaron ayer una emotiva reconciliación a la salida de los tribunales. Entre sonrisas y algún abrazo, posaron juntos en una foto cuando terminó la vista por conformidad.
La acusaba, natural de Bueu y vecina de Vigo de 37 años, agradeció a los empresarios su comprensión porque rebajaron su petición de pena para evitar que ella ingresase en prisión. Se enfrentaba a 11 años de cárcel por daños y fabricación de explosivos pero aceptó una condena de dos años por un delito de daños. Con tal rebaja, su ingreso en la cárcel quedó suspendido a condición de que no delinca en 5 años. Además, indemnizará con 50 euros al mes durante 5 años al consorcio de seguros por la reparación. La Audiencia le concedió plazos para pagar esos 2.687 euros porque ella solo cobra la ayuda del Risga. La vista por conformidad fue en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. La sala le aplicó el código penal más beneficioso.
Otero se considera «inocente» porque, según dice, fue impulsada a actuar así por culpa de la crisis, que ella define como «estafa financiera». «Multan al que revuelve en el contenedor de basura y no a otros», se quejó. «En esa época, yo estaba desesperada», se justificó. La activista anticapitalista estaba desempleada, sufrió una ruptura sentimental y pasó por un «mal momento».
Aclaró que cargó con toda la responsabilidad del acto y aseguró que, en realidad, quienes tiraron el artefacto explosivo fueron dos jóvenes a los que ella dejó dormir en su casa esa noche y a los que ayudó a redactar una carta de reivindicación del acto. «Yo no estaba allí esa noche, estuvieron dos chicos que ya se marcharon del país. Yo sé escribir y me pidieron ayuda para la carta. Éramos chicos de la calle en un momento malo pero no había ninguna organización detrás. Se nos ocurrió poner ADAI, un nombre inventado. Lo hicimos para que los de Resistencia Galega no pagasen por algo que no habían hecho», dijo. Contó que ella fue sospechosa porque colecciona armas legales y de fogueo.
Trabajó como vendedora de seguros e inmobiliarias. El arresto le ha perjudicado en las entrevistas de empleo. «La gente pone mi nombre en Google y salgo como una terrorista fuertemente armada. Me duele que mis vecinos retiren la cara cuando se cruzan conmigo en la calle, eso ya es bastante condena. Soy sociable, pacífica y solidaria», afirmó.